Barcelona
La eliminación de los pisos turísticos en Barcelona, anunciada por el alcalde Jaume Collboni a partir del año 2029, pasará factura a la capital catalana. Según datos de Federatur, la actividad de alquiler de apartamentos riega la Ciudad Condal con más de 1.555 millones de euros cada año.
Este guarismo suma los ingresos directos de los alquileres, 355 millones de euros, y el gasto indirecto de los visitantes en otras actividades estrechamente vinculadas con el turismo, 1.200 millones. Empezando por las agencias de viajes, que suponen un 20,20% del gasto agregado turístico. La asociación destaca otros negocios como la restauración y alimentación (9%), el comercio (8,8%) o la salud (4,40%) que, en caso de que se suprimieran las 10.101 licencias en Barcelona, encajarían un duro revés.
También se cuenta con datos del impacto directo por provincias. Así, en la demarcación de Barcelona se generan ingresos para los propietarios superiores a 93 millones de euros, en Girona de 35,6 millones, en Tarragona de 280 millones y en Lleida de 190 millones. En Tarragona y Girona se acumulan gran cantidad de unidades debido al atractivo de la Costa Dorada y la Costa Brava, respectivamente.
Para hacerse una idea del puesto que ocupan estas viviendas en el mix turístico de Barcelona conviene recordar que esta modalidad representa entre un 30% y un 40% de las plazas disponibles. El baile de porcentajes depende de la fuente primaria de consulta, el Instituto Nacional de Estadística (INE) o la Generalitat de Cataluña.
Según los cálculos de Federatur, la distribución espacial de la oferta se concentra en Ciutat Vella y el Eixample, las zonas más céntricas de la capital donde, por cierto, no se conceden nuevas autorizaciones desde el año 2010. En el resto de Barcelona no se entregan más permisos desde 2014. Las pernoctaciones en pisos turísticos en la ciudad (8,5 millones) suponen alrededor del 50% de las que se registran en la comunidad.
Batalla judicial
La medida anunciada por Collboni se ampara en un decreto-ley aprobado a finales del año pasado por parte del Govern de Pere Aragonès. La norma no culminó su tramitación debido a la convocatoria electoral anticipada, por lo cual el PSC, que convalidó el decreto, no fue capaz de flexibilizar su contenido como así había prometido. Por tanto, la regulación sigue vigente a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un recurso interpuesto por el Partido Popular.
La formación dio este paso atendiendo a las quejas del colectivo y tras un pronunciamiento de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) que consideró que el decreto no superaba "el análisis de necesidad y proporcionalidad inherente en una buena regulación del mercado".
No se descarta tampoco que los titulares, una vez se haya posicionado el órgano de garantías y si se llegan a revocar las licencias en noviembre de 2028, abran la vía contenciosa para mantener sus autorizaciones en pie.
Golpe al turismo
En declaraciones a elEconomista.es, el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha valorado negativamente el movimiento del Ayuntamiento de Barcelona pero ha descartado un "efecto contagio" al resto de Cataluña. En la comunidad, el sector representa el 2,94% del PIB turístico y da empleo a 10.417 personas. Si el gasto total derivado del arrendamiento de pisos turísticos en Barcelona se cifra en 1.555 millones de euros, en el conjunto de Cataluña escala hasta cerca de 3.000 millones.
Pese a estas magnitudes, los propietarios han proyectado distintos escenarios en caso de que la reducción de permisos se extendiera al conjunto del territorio. Tan solo la supresión del 5% de licencias comportaría una caída del PIB turístico del 0,45%. Si se eliminase la mitad de inmuebles destinados a alquiler vacacional, el PIB turístico retrocedería casi un 4,5%.
El impacto económico global sería muy significativo, aunque el sector confía que hasta 2028 haya tiempo para flexibilizar la extinción total de licencias o se produzca un cambio de sensibilidad política que haga decaer la medida. En este sentido, recuerdan que de eliminarse al 100% las viviendas de uso turístico en la Ciudad Condal se perderá un contingente importante de visitantes que no podrán ser absorbidos por los hoteles.