Magyar Vagon retira su opa sobre Talgo. Después de que el Gobierno vetara la propuesta por razones de "seguridad nacional" y ante la imposibilidad de sacar adelante la oferta, la CNMV ha hecho un requerimiento de información a la compañía húngara, que ha decidido dar marcha atrás. El grupo se retira, pero llevará ante el Supremo la negativa del Gobierno, sin descartar la posibilidad de volver a presentar la oferta más adelante.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el grupo húngaro ha anunciado que interpondrá el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la negativa del Consejo de Ministros instando, además, a la indemnización de todos los daños y prejuicios ocasionados. En el escrito, "el oferente considera que su oferta pública de adquisición por el 100% del capital social de Talgo cumple con todos los requisitos legales vigentes y que no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España".
La empresa magiar también plantea tomar las medidas legales oportunas "tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea para oponerse a dicha decisión que considera no ajustada a Derecho y defender la legitimidad de su oferta pública voluntaria". El plazo legal para interponer el recurso es de dos meses, un periodo de tiempo en el cual Magyar Vagon "analizará y determinará las actuaciones procedentes para la defensa de sus legítimos intereses, incluyendo la petición de las medidas cautelares que, en su caso, resulten apropiadas".
Magyar Vagon se retira consciente de que no había ninguna posibilidad de que la oferta siguiera adelante. El artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007 sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores deja muy claro que "CNMV no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la correspondiente autorización, no oposición, o simple notificación, salvo que hayan transcurrido los plazos para entender que la autorización se ha concedido por silencio administrativo". Tras el veto del Gobierno, si la empresa húngara hubiera mantenido la oferta, a la CNMV no le hubiera quedado más remedio que rechazarla porque, de lo contrario, Talgo se hubiera quedado en una situación muy complicada, pendiente de una oferta posiblemente durante años.
El Gobierno vetó la oferta tras los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que advertían de un riesgo para "la seguridad nacional" por la conexión rusa de Magyar Vagon. Para el CNI resultó clave que el primer acercamiento a la empresa española llegara del fabricante ferroviario DJJ, que hasta 2022 estaba controlado por capital ruso y que tras la invasión de Ucrania pasó a manos de Magyar Vagon. Al margen de que tras la opa lanzada ahora hay varios directivos estrechamente ligados al Gobierno de Orbán, que no ha dudado en defender en varias ocasiones públicamente a Putin, hay que tener en cuenta que la oferta está respaldada además por el fondo estatal Corvinus, que ignoró las sanciones para apoyar al banco ruso International Investment Bank (IIB).
La oferta
Magyar Vagon ofreció 5 euros por acción, hasta un total de 619 millones, para hacerse por el 100% del fabricante de trenes español. Pero la operación requería del visto bueno del Gobierno al superar los 500 millones, una aprobación que nunca fue del agrado de Moncloa dados los vínculos existentes entre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario ruso Vladimir Putin. Ante la previsión de que Magyar Vagon podría recurrir, el Gobierno defiende que "Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España". También justifican la negativa a la autorización " en aplicación de la normativa vigente en nuestro país en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la UE sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales". La decisión, según dicen, es "inapelable".
El portazo del Gobierno a la entrada del capital húngaro y la retirada de la opa por parte de Magyar Vagon facilita ahora un posible acuerdo con el grupo checo Skoda o incluso la entrada de nuevos inversores, a los que en Moncloa, consideran "amistosos". Es el caso, por ejemplo, de Criteria, el brazo inversor de Caixabank o de Escribano, la empresa de defensa que se ha convertido en accionista de referencia de Indra con la compra de un 8% del capital.