Barcelona
Los propietarios de pisos turísticos en Barcelona lucharán con uñas y dientes para evitar su cierre en 2029. En un encuentro informativo, la patronal Apartur ha informado este jueves que interpondrá próximamente una reclamación ante la Unión Europea (UE) por la posible vulneración de la directiva Bolkestein.
Esta directiva entró en vigor el 28 de diciembre de 2009 y regula la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios en los países miembros de la UE. La norma se creó para levantar las trabas administrativas para el ejercicio de las actividades económicas, por lo que Apartur entiende que sería de aplicación en su sector.
La directiva fue impulsada por Frits Bolkestein, comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de Romano Prodi.
Esta nueva vía se suma al recurso admitido a trámite ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley 3/2023, que el Govern aprobó para regular los pisos turísticos y en virtud del cual el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto fecha a su extinción en la capital.
Además, la Comisión Europea también ha solicitado explicaciones al Gobierno sobre la normativa catalana por presuntamente atentar contra la seguridad jurídica y la directiva de servicios de la Unión.
Buenos datos de ocupación
Al margen de su batalla legal, la asociación de apartamentos turísticos ha previsto una ocupación media superior al 85% para este verano. Las reservas en julio y agosto serán iguales o algo inferiores a las de 2023, pero en todo caso se situarán por encima de los niveles de 2019.
Por otro lado, el perfil de cliente que escoge una vivienda de uso turístico en Barcelona para pasar sus vacaciones sigue siendo eminentemente familiar. La reserva media es de cinco días y las nacionalidades más frecuentes son la francesa, estadounidense e inglesa.
Propuesta alternativa
Los cerca de 10.000 apartamentos que operan legalmente en la Ciudad Condal solo representan el 0,77% del parque residencial local. Pese a ello, el sector estima que riega anualmente Barcelona con 347 millones de euros. El impacto indirecto de su actividad escala hasta los 1.200 millones, según Apartur.
El consistorio pretende redirigir estas unidades hacia el mercado de alquiler, pese a que la medida no ha surtido efecto en Nueva York. La principal metrópolis de EEUU aprobó una política similar en septiembre de 2023 que ha proliferado los pisos turísticos ilegales, ha disparado los precios del alojamiento en la ciudad y ha redirigido algunas viviendas hacia el alquiler de temporada.
La asociación ha puesto sobre la mesa la posibilidad de destinar el 100% del recargo de la tasa turística, aproximadamente unos 100 millones de euros, a un programa de vivienda social para cerca de 16.000 familias.