Madrid
Gobiernos autonómicos, municipios e incluso el Gobierno central toman la iniciativa para regular el auge descontrolado que los pisos turísticos experimentan en el conjunto de España. Las decisiones que toman son variadas, dependiendo de la magnitud que ha alcanzado el problema en las diferentes áreas. Así, fluctúan entre la congelación de nuevas licencias que ha decidido el Ayuntamiento de Madrid, hasta la posible reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para dotar de mayor poder a las comunidades de vecinos, por la que se decanta el Ministerio de Vivienda.
En el caso de Barcelona, la situación que han creado este tipo de alojamientos, muchos de ellos desarrollados de modo completamente ilegal, ha alcanzado un punto especialmente dramático. Es en ese contexto en el que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha optado por un movimiento tan taxativo como es revocar todas las licencias en un plazo de cuatro años. Esta eliminación de raíz de los alojamientos turísticos de este tipo tendrá necesariamente un impacto económico, cifrado en más de 1.500 millones.
No obstante, son los posibles conflictos jurídicos los que amenazan con las mayores dificultades. La revocación de los permisos para los propietarios que sí que cumplieron con la ley, y a los que se reconoció el derecho a esta actividad comercial, no será en modo alguno sencilla. Esa litigiosidad potencial constituye un aviso acerca de las precauciones con las que deben desarrollarse las legislaciones de esta índole.
Los pisos turísticos constituyen un problema que reclama soluciones urgentes, pero las normativas municipales estatales y autonómicas que pretenden abordarlas deben tener en cuenta y respetar la seguridad jurídica.