El Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para considerar el alquiler de los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios como una actividad económica y "empoderar a los vecinos" para hacerles partícipes de la decisión sobre este tipo de alquileres.
Así lo ha avanzado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este martes con la jurisprudencia del Tribunal Supremo como apoyo a la argumentación. Durante su intervención en un programa de Telecinco, Rodríguez ha reconocido que el planteamiento e consecuencia de la jurisprudencia alto tribunal, que en dos sentencias publicadas a finales de 2023 sobre sendos vecindarios de Oviedo y San Sebastián, concluyó que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica y dio la razón a dos comunidades de propietarios, que pedían el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.
"A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo", ha explicado la ministra.
La regulación de los pisos turísticos depende de los ayuntamientos
Actualmente, la ley de propiedad horizontal en su artículo 17.12 indica que para limitar o condicionar el arrendamiento de pisos turísticos en una comunidad de vecinos se deben reunir "el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación". Sería este punto el que buscaría agilizar el Gobierno si finalmente modifica la ley, dependiente de los ayuntamientos, para controlar esta modalidad de alquiler en vecindarios.
Rodríguez ha advertido de que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial.
Decisiones como la última tomada por el Ayuntamiento de Barcelona, que anunció el plan para eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad condal antes de 2029, son bien recibidas por la ministra porque demuestran que las comunidades autónomas están tomando "cartas en el asunto".
En el caso de Barcelona, según la ministra la medida "va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos".
Preguntada por la situación de Madrid, Rodríguez ha pedido alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "intervenga en esta cuestión porque claramente está limitando el derecho de los madrileños a acceder a una vivienda digna". En este sentido, ha recordado que "en Madrid hay profesionales que hoy destinan el 80% de su salario a pagar el alquiler. Y no se puede mirar hacia otro lado, por lo que hemos de intervenir".
Este martes por la tarde, Rodríguez se reunirá con las comisiones de Vivienda y de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar este fenómeno y trasladarles las posibles vías para la regulación de los pisos turísticos.
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