Las bicicletas ya no son solo para el verano. Tras dos años olvidado en un cajón, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible volvió a ser el foco de la agenda política el pasado mes de febrero, cuando fue aprobado por el Congreso de Ministros y se inició una tramitación parlamentaria por la vía urgente. El objetivo es que este proyecto se apruebe como legislación antes de que acabe el año. En concreto, la fecha tope establecida es el 30 de diciembre.
Este anteproyecto se aprobó en diciembre de 2022; sin embargo, el adelanto de las elecciones nacionales hizo que este, y muchos otros más proyectos, quedaran relegados a un segundo plano. Ahora, el Gobierno busca cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Recuperación de la Comisión Europea y por eso se ha agilizado el proceso.
Como ya anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras una rueda de prensa, "esta ley persigue cuatro objetivos principales: reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector". Puente comentó también que la regulación responde a tres razones: su carácter económico, la necesidad de declarar la movilidad como un derecho y la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Por ello, la meta de esta legislación es ahorrar hasta 8.000 millones de euros en gastos públicos en una década, así como aumentar la productividad de las empresas en un 3% en el mismo periodo.
A pesar de esto, ¿por qué es tan importante impulsar una legislación de movilidad sostenible? La movilidad representa un 4,5% del PIB, emplea a, aproximadamente, 800.000 personas y consume un 13% de la partida de gasto de los hogares españoles. En lo que respecta a emisiones de gases de efecto invernadero, representa un 27% siendo, así, el transporte la herramienta clave si se quiere reducir el impacto del cambio climático.
Los implicados
La norma afectará a las empresas, tanto privadas como públicas, que cuenten con más de 500 trabajadores o 250 por turno. Estas entidades deberán llevar a cabo un plan de movilidad sostenible en un plazo, máximo, de 24 meses desde que entre en vigor la legislación. El incumplimiento de esta obligación se considerará una infracción leve que se multará con hasta 2.000 euros. Dicho plan de movilidad debe incluir medidas que impulsen el uso del transporte colectivo o de la movilidad compartida. Además, se debe poner el foco en la movilidad eléctrica y apostar por el teletrabajo, como forma de reducir las emisiones de gases en las grandes ciudades.
No obstante, la finalidad de este plan va más allá de la sostenibilidad. Por ello, las empresas también tienen que incluir pautas de seguridad y prevención de accidentes en los desplazamientos de sus trabajadores a los centros de trabajo.
Autobuses compartidos
Para conocer sus necesidades y ajustarse al plan de movilidad, las compañías elaborarán un informe de diagnóstico, donde se estudiará la movilidad de los empleados, las normas que están en vigor o las preferencias de movilidad, entre otros. Pero, sobre todo, las empresas serán conscientes desde donde parten.
Aunque el anteproyecto aún está sobre la mesa, son muchas las firmas que empezaron a actuar en este sentido. Por ejemplo, algunas ya contratan autobuses para desplazar a sus trabajadores a los centros de trabajo, con rutas y horarios establecidos. Además, otorgan subvenciones para el transporte público o descuentos en el uso de vehículos compartidos y/o eléctricos. También se están empezando a ver más parkings para bicicletas y patinetes eléctricos.
Estos planes de movilidad sostenible deben ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras o, en su defecto, con una comisión integrada por los sindicatos más representativos del sector. Por ello, se modifica el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, para incorporar dentro del contenido obligatorio de los convenios colectivos el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible en el trabajo.
Este anteproyecto es solo el principio de un largo camino que tiene la ambición de seguir ampliándose, con más exigencia y medidas. Hasta hace unos años la sostenibilidad era un mero compromiso que adoptaban las empresas. Esta ha pasado de ser una simple buena práctica voluntaria, para convertirse en uno de los pilares más importantes de las compañías. La sostenibilidad y la protección por el medio ambiente está ya en el centro de todas las agendas de las instituciones internacionales y de los gobiernos, que cada vez aprueban normativas más estrictas.
En 'guerra' con los coches grandes
La Ley de Movilidad Sostenible sigue los pasos de ciudades de Francia, como París o Lyon, o de Canadá, como Montreal, que ya cobran más a los vehículos de mayor tamaño, como, por ejemplo, los 4x4 o los SUV (Vehículos Deportivos Utilitarios), por aparcar en la calle. Asimismo, insta a los ayuntamientos a que tomen medidas para que los ciudadanos utilicen lo menos posible los vehículos de gran tamaño.
"Con el fin de dar cumplimiento a los principios rectores de la movilidad y atendiendo a los efectos sobre el medio ambiente y la salud, en el ámbito urbano las administraciones públicas velarán por incentivar y promover los medios y modos de movilidad más sostenibles y saludables en los entornos urbanos y metropolitanos [...] y que reduzcan la ocupación del espacio público", dicta la normativa. Y añade al respecto que deberán primarse los automóviles menos contaminantes y "los vehículos que supongan menor ocupación del espacio público".
También determina la hoja de ruta de los ayuntamientos para una movilidad sostenible. En primer lugar, insta a la movilidad a pie, después el uso del transporte público, luego vehículos que lleven a varias personas y deja como última opción el uso del transporte privado, dando prioridad a los que sean de bajas emisiones y de menor tamaño. Queda por ver qué medidas tomarán los distintos ayuntamientos para aplicar la futura norma que, previsiblemente, se aprobará en la segunda parte del año.
La norma avala, además, el cierre de carreteras, tramos o la restricción de determinados vehículos en los episodios de alta contaminación, una decisión que corresponderá a los organismos competentes en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico. Además, las insfraestructuras de transporte de interés general, como aeropuertos, estaciones de tren o de autobuses, deberán contar con protocolos que activar en los episodios de alta contaminación para reducir las emisiones y volver a la situación anterior.
