Opinión

Impulsar la movilidad sostenible, un nuevo requerimiento para las empresas

David Vallespín

La forma de estudiar y trabajar para los ciudadanos condiciona en gran medida el funcionamiento de las ciudades. Es lo que se conoce como la "movilidad obligada", y según datos del INE, a ella corresponde un 40% del total de los desplazamientos que se realizan a diario en nuestro país.

Un dato relevante es que seis de cada diez personas van a trabajar en vehículo privado, por la comodidad de moverse puerta a puerta y, en muchos casos, también por la reducción del tiempo del trayecto frente al transporte público (sobre todo para los que viven y trabajan en ciudades diferentes).

Hay un aspecto fundamental que no podemos obviar, y es el impacto ambiental que tiene toda esa cantidad de vehículos privados circulando diariamente por nuestras ciudades y carreteras. Afirma el Parlamento Europeo que este medio de transporte es responsable del 60% del total de emisiones del transporte por carretera en Europa. Por esto, uno de los retos importantes que se persiguen desde Bruselas es reducir hasta unos niveles mínimos, las emisiones de CO2 en los turismos y furgonetas nuevos a partir de 2035. Por ello, se están implementando mecanismos para trazar las emisiones de las empresas y hacerlas responsables del impacto medioambiental de sus políticas de movilidad.

En España, el pasado 13 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuyo objetivo es digitalizar y crear un proceso de descarbonización el sistema de transportes y que será legislada a lo largo de los próximos años. Uno de los aspectos que recoge, está dirigido expresamente a los centros de actividad y empresas con más de 500 empleados, o 250 por turno de trabajo. Estos deberán implantar planes de movilidad sostenible para que sus trabajadores puedan reducir su huella ambiental en sus trayectos de ida y vuelta al trabajo. Este proyecto puede incluir la adopción de medidas para impulsar el transporte eléctrico, el transporte compartido o colectivo, la flexibilidad horaria o el teletrabajo.

Pensemos en una compañía que quiere poner el foco en promover el uso de vehículos eléctricos entre sus empleados. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta? Vamos repasar los más importantes:

1. Consideraciones previas. Si la empresa decide crear su propia flota de vehículos eléctricos y ponerla a disposición de sus trabajadores, el primer paso es conocer sus necesidades de desplazamientos, sus rutas habituales y distancias recorridas. En el proceso de adquirirlos, se deben elegir los modelos con criterio de uso para optimizar los gastos de mantenimiento y energía, que por lo general son muy inferiores a los vehículos de combustión tradicionales. Además, deberá anticipar las necesidades de aparcamiento y de recarga de baterías para garantizar un uso continuado y adaptado a las necesidades de la empresa y sus trabajadores.

  • Las empresas disponen de dos alternativas de cara a la recarga: instalar cargadores en sus plazas de aparcamiento y/o apoyarse sobre la red de recarga de acceso público, hoy en manos de un puñado de empresas operadoras a nivel nacional. La primera opción permite cargar los vehículos durante el estacionamiento habitual en horario laboral y conlleva una inversión inicial. Este tipo de infraestructura suele consistir de cargadores lentos, de carga entre 7 kW y 11 kW, que realizan cargas completas en torno a 8 y 9 horas. La segunda alternativa permite a las empresas flexibilizar la recarga aprovechando las paradas cortas de cada vehículo en estaciones de recarga de acceso público distribuidas por toda la geografía nacional, dotadas con cargadores de todo tipo de potencias. El valor de esta estrategia reside en la ausencia de inversión inicial y la capacidad de cerrar acuerdos estratégicos de compra de energía con operadores de recarga.

2. Contratación del proveedor. En el caso de instalar cargadores en sus dependencias, es importante asegurarse bien de que acertamos con la elección de la empresa instaladora y gestora. Esta se encargará de operar los cargadores durante toda su vida útil. Lo más recomendable es contratar a un Operador de Puntos de Recarga (CPO, por sus siglas en inglés) que se haga cargo no solo de la puesta en marcha de la infraestructura, sino de su gestión y mantenimiento posterior, asumiendo toda la inversión y los costes asociados al proceso. Hay que tener en cuenta que no se trata solo de instalar los puntos de recarga; hace falta también la integración del suministro de la energía y de los métodos de pago, lo que requiere un servicio al cliente las 24 horas del día durante todos los días de la semana.

  • Es un plus si nos aseguramos que la energía que se va a suministrar a través de esos puntos de recarga proceda de fuentes 100% renovables. De este modo estaremos avanzando aún más hacia una movilidad sostenible. Para ello, hay dos opciones: optar por un suministro con una comercializadora 100% renovable o, si se dispone de un espacio adecuado, aprovechar para instalar una infraestructura fotovoltaica de autoconsumo. De esta manera toda la compañía pueda beneficiarse de disponer de energía limpia para todas las necesidades de su negocio. Todo este proceso le reportará también un ahorro de costes en la factura energética.

3. Plazos. El tiempo que puede transcurrir desde que se toma la decisión de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos hasta que estos estén operativos va a depender en gran medida de la acometida eléctrica, si se va a optar por un suministro independiente o no. Si contamos ya con un suministro suficiente para los cargadores, la ejecución y legalización de la instalación puede tardar entre uno y dos meses. Al contrario, si necesitamos solicitar un nuevo suministro estaremos en manos de la distribuidora, y pueden transcurrir unos seis meses en baja tensión, o hasta 18 meses en media tensión.

4. Mantenimiento y costes. Una vez en marcha la instalación, existe un mantenimiento preventivo que se realiza dos veces al año, para garantizar su correcto funcionamiento, aparte del mantenimiento correctivo si se produce alguna avería. En ambos casos, el servicio afecta no solo a los puntos de recarga, sino a toda la infraestructura: cables eléctricos, cuadro general, protecciones, bandejas, iluminación, etc. En cuanto a los costes que puede representar para la empresa esta estación de recarga, va a depender de diferentes factores, como la tarifa eléctrica que tenga contratada y la potencia instalada, o la rotación de los vehículos que la utilicen y la capacidad de su batería.

Son muchas las empresas pequeñas que ya están siguiendo los pasos que ya dieron las grandes, implementando políticas ESG con el fin de valorar su impacto en materia social y ambiental. Inclusive son cada vez más las que ofrecen información no financiera a sus grupos de interés (inversores, empleados, proveedores, clientes o usuarios), comunicando sus esfuerzos por dejar una huella positiva y duradera en el entorno. Por eso, cuando una compañía decide dar el paso de instalar una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, es esencial establecer un sistema de medición que permita cuantificar el ahorro de emisiones de CO2 que ha conseguido al impulsar esta medida.

La transición hacia una movilidad sostenible no es un camino fácil para las empresas, pero hoy contamos con un nutrido ecosistema sobre el que se pueden apoyar para hacerla realidad, en beneficio de su propia actividad, de sus empleados y de la sociedad en su conjunto.

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