Primero fue Barcelona, por el incendio de un patinete en un tren de FGC en 2021, y desde hace un mes, también Madrid, por un hecho similar en su suburbano. Los operadores de transporte público de todo el país han ido prohibiendo de manera sucesiva el acceso con vehículos de movilidad personal (VMP), una medida que ha revuelto a quienes optaban por combinar el transporte público con sus patinetes o monociclos, cuya presencia se ha generalizado en las calles de toda España en los últimos años.
A ese respecto, la Federación de Vehículos de Movilidad Personal (Fevemp) convocó una manifestación en Madrid el domingo 17 de diciembre "para denunciar estas medidas y hacer oficiales las reclamaciones de los usuarios". La organización busca aglutinar las quejas de miles de viajeros que de un día para otro han tenido que modificar sus rutinas de transporte por el veto de los principales operadores de transporte público a estos elementos. La mayoría de los usuarios son jóvenes de entre 16 y 35 años que lo usan para ir a trabajar y estudiar, según un estudio del RACC.
El vicepresidente de la organización, Gorka Pradas, ha asegurado en declaraciones a este medio que, tras seis años de convivencia con otros medios de transporte, "la ignorancia y la falta de razonamiento de los representantes públicos ha generado unas normas que van por detrás de la tecnología". El también experto en urbanismo asegura que "las instituciones no están siendo capaces de regular estos vehículos como es debido", instando a la administración a que rediseñe estas políticas contando con la opinión de los usuarios.
La organización ha abierto una campaña de mecenazgo para tratar de tumbar en los tribunales el Manual de Implementación de los VMP que ha diseñado la Dirección General de Trafico, y que entrará en vigor el próximo enero. A ese respecto, piden sentarse con la DGT para ajustar este manual a la normativa europea, vigente desde hace dos años y "que da mucha más inercia a la hora de certificar los vehículos", apostando por equiparar estos a la norma que regula las bicicletas.
Asimismo, la Federación reclama el fin de las prohibiciones a los patinetes y VMPs en el transporte público, abogando por consensuar una solución con los operadores. Al veto de las empresas de transporte catalanas (TMB y Rodalies) y madrileñas (Metro y EMT) se han sumado Renfe —en todos sus trenes, tanto Cercanías como Media Distancia y AVE—; sus competidores Ouigo e Iryo, los autobuses de ALSA y los operadores de las Islas Baleares (TIB, SFM y la EMT). También Sevilla limitó hace meses el acceso de patinetes en horas punta a sus medios.
La entidad califica las medidas como "discriminatorias e incongruentes con los objetivos de movilidad sostenible". "Hay mucha gente que se ha hecho su propio esquema de movilidad con estos vehículos y ahora no pueden usarlos", añade Pradas. Las críticas de la asociación parecen haber dado su fruto, después de que la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona, la que inició esta prohibición, ha acordado sentarse con la Federación en próximas fechas para tratar de encontrar una solución.