El Tribunal General ha sido claro en su decisión. La Comisión Europea cometió varios errores e irregularidades cuando aprobó la ayuda de Lufthansa por Alemania valorada en 6.000 millones de euros y le da la razón a la compañía aérea de Ryanair.
Ryanair y Condor manifestaron su negativa a que Lufthansa recibiera ninguna ayuda estatal, pues eran competidores directos en gran número de rutas aéreas. Ryanair recalcó además su condición de competidora directa del grupo Lufthansa en los mercados alemán, belga y austriaco.
Según el comunicado del Tribunal General, los errores de la Comisión son varios pues consideró que "Lufthansa era incapaz de conseguir financiación en los mercados para todas sus necesidades". Además no exigió "un mecanismo que incentivara a Lufthansa para recomprar la participación de Alemania tan rápido como fuera posible" y negó "que Lufthansa tuviera un poder de mercado significativo en algunos aeropuertos y al aceptar determinados compromisos que no garantizaban la protección de la competencia efectiva en el mercado".
Ante la resolución del Tribunal, el portavoz de Ryanair ha asegurado que esta sentencia "es un triunfo para la competencia leal y los consumidores de toda la UE". A lo que ha añadido que "durante la pandemia se han concedido más de 40.000 millones de euros en subvenciones estatales discriminatorias a las compañías aéreas de la UE".
Además, uno de los principales reproches de Ryanair era que la Comisión no evaluó si la compañía alemana podía recurrir a a otros mercados para obtener financiación. Ante esto el Tribunal ha fallado en su favor. Desde Ryanair asegura que "a menos que los tribunales de la UE pongan fin a esta oleada de ayudas estatales, el mercado se verá distorsionado durante décadas". Al final, la compañía
Lo que determinó la Comisión
A raíz de la pandemia, y con el objetivo de minimizar los daños en el sector, la Comisión Europea aprobó la recapitalización de Lufthansa para restablecer no solo su posición patrimonial sino también asegurar la liquidez de la empresa. Por ello, determinó una ayuda de 6.000 millones que se repartía en 300 millones para la participación de capital, 4.700 millones de acciones pero con participación sin voto y el reto en una participación sin voto con las características de una obligación convertible.
