Madrid
España se expone a sanciones de la Comisión Europea por no dotar de recursos humanos y materiales al organismo Coordinador de Servicios Digitales (DSC, por sus siglas en inglés), contemplado en la normativa Digital Services Act, en vigor hace ahora casi justo un año, del 17 de febrero de 2024. Por lo pronto, el Gobierno español ha cumplido la primera parte de sus obligaciones, con la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo responsable de la aplicación y ejecución de la referida Ley de Servicios Digitales en el país. Sin embargo, según ha podido conocer elEconomista.es por parte de fuentes conocedoras de la situación, el estado español no ha facultado a esta nueva figura administrativa de los medios necesarios para el desempeño de su actividad.
Entre otras funciones, los referidos DSC están llamados a supervisar y hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales por parte de los prestadores de servicios online - incluidas las plataformas de comercio electrónico, buscadores y redes sociales-, en cada territorio nacional, con independencia del número de usuarios que dispongan. No obstante, la tarea de coordinación y supervisión de las plataformas online afecta a todas las empresas que empleen a más de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual supere los diez millones de euros.
Expertos en el asunto consideran que un organismo de estas características requerirá, al menos, la contratación de medio centenar de profesionales altamente cualificados en temas digitales. La misma normativa regulará el alojamiento de datos en territorio europeo, incluidos los servicios en la nube, los sistemas de nombres de dominio y los proveedores de servicios de Internet o de dominios.
En el caso de España, la CNMC no ha recibido medios humanos, técnicos ni económicos para este organismo de reciente creación. Además, para mayores males, la asignación de esta competencia exige la renovación del Reglamento de Funcionamiento Interno de la CNMC, con la creación de una nueva dirección específica, con sus correspondientes subdirecciones, con sus correspondientes empleados y directivos.
Gracias a esta normativa, según explicaron fuentes de la UE, los usuarios de Internet que operan en el Viejo Continente "estarán mejor protegidos contra los bienes y contenidos ilícitos, y sus derechos se verán reconocidos en las plataformas en línea en las que se conecten con otros usuarios, compartan información o compren productos".
Entre otras funciones, los coordinadores nacionales estarán vigilantes para luchar contra los contenidos, bienes y servicios ilícitos: las plataformas en línea deben proporcionar a los usuarios medios para señalar contenidos ilícitos, incluidos bienes y servicios. Además, las plataformas en línea tendrán que cooperar con los alertadores fiables y dar prioridad a los avisos que lleguen de estas entidades especializadas, según la Comisión Europea.
La normativa igualmente protege a los menores, con la prohibición total de dirigirse a este colectivo con anuncios basados en la elaboración de perfiles o en sus datos personales. Igualmente estarán perseguidos los anuncios dirigidos a usuarios basados en datos sensibles, tales como creencias políticas o religiosas, preferencias sexuales.
Los coordinadores también están llamados a proporcionar "una declaración de motivos a un usuario afectado por cualquier decisión de moderación de contenidos", como puede ser la retirada de contenidos, la suspensión de cuentas, con la obligación de subir esa declaración a la base de datos de transparencia de la Ley de Servicios Digitales. La misma figura proporcionará a los usuarios de "un mecanismo de reclamación para impugnar las decisiones de moderación de contenidos.
En el caso de España, la CNMC será la entidad designada para publicar, con carácter anual, un informe sobre los procedimientos de moderación de contenidos. Además, deberá ofrecer al usuario "unas condiciones claras de uso e incluir los parámetros principales que rijan los sistemas de recomendación de contenidos".
