El ministerio para la transición ecológica (MITECO) ha abierto más de 100 expedientes sancionadores a empresas que deberían estar inscritas en la sección de envases del Registro de Productores de Producto y no lo estaban o que, aun estando registradas, no habían presentado la Declaración Anual de Envases. Esta base de datos en la que deben inscribirse los productores que ponen envases en el mercado español, cuenta ya con 38.000 compañías y en 2024 casi 25.000 de ellas presentaron la memoria que recoge las cifras sobre la cantidad total de envases que habían puesto en el mercado a lo largo del ejercicio anterior.
Así lo aseguró Margarita Ruiz, subdirectora general de Residuos de MITECO, en el marco de la jornada "Retos para lograr una mayor competencia en la gestión de residuos de envases" donde diferentes expertos analizaron los retos que debe enfrentar el sector para lograr una mayor competencia en la gestión y adaptarse de forma eficiente al nuevo entorno regulatorio marcado por el Gobierno de España y la Unión Europea con el objetivo de poner coto a los más de 84 millones de toneladas de residuos de envases que se generan al año en los estados miembros.
A nivel nacional, acaban de cumplirse dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto de Envases, una norma que sigue representando un punto de inflexión en la legislación ambiental española por el respaldo que otorga al régimen de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y su extensión a todos los envases, incluidos los comerciales y los industriales. Con esta normativa, España se adelantó a la implementación de medidas contempladas en el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases que está vigente desde principios de 2025 y que marca un hito en la regulación de productos de uso habitual para millones de personas.
"Debemos poner un mayor foco sobre la gestión de los residuos porque es una de las palancas de cambio hacia la circularidad", recalcó durante su intervención Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del Gobierno de España. En esta misma línea se expresó Cani Fernández, presidenta de la CNMC, quien subrayó la necesidad de alcanzar un "firme compromiso institucional, social y normativo" en favor de una gestión de residuos "de calidad, eficiente, innovadora y competitiva" para que el sector pueda abordar adecuadamente los retos a los que se enfrenta.
Acabar con el monopolio
Y una de las principales medidas para mejorar el funcionamiento del sector es favorecer la competencia ya que, tal y como advierte el "Estudio sobre la gestión de residuos de envases" elaborado recientemente por la CNMC, en nuestro país ha funcionado históricamente como un monopolio y hasta 2024, Ecoembes (para envases ligeros y papel-cartón) y Ecovidrio (envases de vidrio) eran las dos únicas organizaciones activas.
"Es crucial que la regulación y las autoridades contribuya a reducir las barreras de entrada, facilitando la autorización de nuevos SCRAPs, eliminando o flexibilizando el plazo para la firma de convenios y agilizando que las empresas puedan cambiar de SCRAP", subrayó Alfonso Camba, subdirector de Estudios e Informes de la CNMC.
El documento también señala la necesidad de fomentar la transparencia, prevenir y remediar conflictos de interés, así como establecer un marco de coordinación entre agentes públicos y privados que regule en detalle la coexistencia entre SCRAPs competidores, una circunstancia que, tal y como puso de manifiesto Lara Tobías, jefa de área en la subdirección de estudios e informes de la CNMC, puede provocar fricciones. "La actual normativa no es detallada en cuanto a problemas que puedan surgir a la hora de repartirse los costes financieros y tampoco aborda cual va a ser su relación con los entes locales. Es posible que en el desarrollo de la competencia se pongan de manifiesto posibles conflictos y aquí el papel de la CNMC va a ser clave porque el cambio muchas veces viene motivado por los expedientes sancionadores", explicó durante su intervención en una mesa redonda moderada por Rubén Esteller, director adjunto de elEconomista.
En este mismo sentido, J. José Pernas García, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña destacó la urgencia de seguir avanzando a nivel regulatorio. "La negociación en un contexto de excesiva complejidad genera conflictos y desconfianza. La gran necesidad desde el punto de vista privado es disponer de un marco normativo armonizado que aporte seguridad jurídica", aseguró.
Por su parte, Josep Simó, director del área de infraestructuras de la Agència de Residus de Catalunya, puso el acento en la falta de recursos humanos y técnicos para hacer frente a todos los desafíos que se presentan. "Para llevar a cabo una gestión eficaz sería necesario dotarnos de algún instrumento que nos permitiera disponer de más recursos o incluso, contar con la figura de un coordinador", subrayó.
Por último, el informe incide en la conveniencia de fomentar la competencia en la adjudicación de residuos de los SCRAPs a los recicladores.
