Madrid
Entre todos la mataron y ella sola se murió. Algo parecido sucederá con el Servicio Universal de Telecomunicaciones, una especie en vías de extinción que no desaparecerá a pesar del empeño de los operadores. El carácter ruinoso del negocio, que ni de lejos cubre los costes, disuade a las compañías para presentarse a un concurso que, indefectiblemente, volverá a declararse desierto en los próximos días.
El plazo de designación del responsable de la prestación de dicho servicio finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024, tras una consulta pública y de manifestaciones de interés, cuya admisión está abierta hasta el próximo 16 de diciembre. Ante la segura ausencia de voluntarios, el Gobierno asignará a dedo semejante patata caliente. Ahora bien, esta imposición podría ser la última gracias al Programa Único Demanda Rural, que universalizará en España el acceso a Internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbps por segundo en sentido descendente y con precios asequibles.
El éxito de este plan público hará innecesario el referido servicio universal, con la certeza de que todos los ciudadanos tendrán acceso a Internet sin brechas territoriales. Tras la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, los requisitos de servicio establecen un mínimo de 10 Mbps de tráfico descendente y de 1 Mbps en sentido ascendente a la red, así como los correspondientes servicios de voz a través de estas conexiones.
El servicio exige la provisión de acceso a Internet con velocidades mínimas de 10 Mbps, mientras que el programa Único prevé trásitos diez veces superiores
Por el contrario, el Programa Único busca el mismo objetivo, pero con velocidades diez veces mayores que las que exige el Servicio Universal. Desde siempre, los costes de este servicio no se imputan a los Presupuestos Generales del Estado sino que recaen sobre los propios operadores. Son ellos los que pagan la factura de forma solidaria. Tan incómoda situación volverá a repetirse, aunque no parece que se prolongue más allá de 2026.
Tras la muerte de las cabinas telefónicas, los números de información telefónica y las guías de números de abonados, el acceso a Internet todavía no parece garantizado en todo el país. Desde que se puso en marcha este Servicio Universal, en 1998, esta prestación obligatoria ha recaído en Telefónica de España. La última renovación se realizó en 2023, cuando se fijó un período de designación que concluye el 1 de enero de 2025. Ahora falta conocer el destinatario de esta carga para los dos próximos años, con un abanico de candidatos que se limita a Telefónica. La opción de Masorange no parece sólida, pese a que se trata del líder del mercado por número de clientes y con una extensión territorial parecida a la del antiguo incumbente.
Entre otros quebraderos de cabeza, el operador que designe el Gobierno para liderar el servicio universal deberá garantizar trimestralmente ciertos objetivos de calidad, como que el tiempo de suministro de la conexión inicial no supere los 60 días para el 99% de los casos y que el porcentaje de averías por línea de acceso sea inferior al 4%, con un plazo de reparación de averías de hasta 48 horas para el 95% de los casos. Además, la tasa de reclamaciones ante incidencias de facturación debe ser inferior al 5 por mil al trimestre.