
La cobertura de banda ancha fija ultrarrápida de 100 Mbps alcanzará el 95,75% del territorio español a finales de 2024, con un despliegue que ya forma parte de la conectividad de nueve de cada diez hogares del país, según ha anticipado María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras de Telecomunicaciones.
Los datos recopilados en el informe sobre la cobertura de la banda ancha en España, y actualizados a junio de 2022, también apuntan que la brecha digital se ha reducido a 18 puntos porcentuales, con la previsión de recortarse en seis puntos a finales del año que viene. En el último año, la cobertura de más de 100 Mbps en horas punta alcanza el 89,96% de los hogares, con un incremento de 1,65 puntos porcentuales, cifra que se eleva al 90,18% de los hogares teniendo en cuenta la tecnología empleada.
Respecto a la comparativa de coberturas por velocidad en condiciones de máxima demanda, los porcentaje de cobertura nacional se sitúan en el 84,96% en tránsitos de 1 Gbps de descarga, datos que se sitúa en el 63,78% en las zonas rurales. En el caso de los 100 Mbps, esta banda ancha alcanza el 89,96% de los hogares en España, mientras que en la población local se sitúa en el 71,9%. Por último, en las conexiones de 30 Mbps de tránsito de bajada se fijó en junio del año pasado en el 96,20% de la cobertura nacional y del 88,2% en las áreas rurales.
Respecto a los servicios de 5G, González Veracruz ha refrescado que la cobertura de súper banda ancha móvil casi se ha duplicado, hasta el 82% de la población, respecto al 50,42% actual. Las anteriores condiciones corresponden a condiciones de máxima demanda, concepto denominado hora cargada, magnitud que ofrece las mayores garantías de rendimiento y la información más precisa sobre la calidad del servicio de banda ancha.
En el ámbito rural, la brecha digital se ha recortado en 18 puntos porcentuales, gracias a la ejecución de los proyectos en ejecución financiados por el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las diferentes ayudas públicas por valor de 899 millones de euros, con movilización de inversiones por importe de 1.508 millones de euros.