La oferta pública de adquisición (opa) sobre Vantage Towers por parte de la joint venture formada por Vodafone, KKR y GIP requerirá de la autorización explícita del Gobierno español, en concreto, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Así consta en la documentación de la referida opa, debido a la presencia de la subsidiaria española de la compañía entre los activos estratégicos llamados a transferir, como son los emplazamientos de antenas de telefonía.
En concreto, el informe compartido con los inversores señala que la compañía puede requerir la autorización previa a una serie de Gobiernos, entre los que se encuentra el español junto con el británico, alemán, italiano, portugués, checo, griego, rumano, húngaro, irlandés, turco, costarricense y chino. A los anteriores se añaden las autoridades de competencia de la Unión Europea.
En el caso español, las medidas de protección antiopas, activadas durante la pandemia, prolonga hasta finales de 2024 el blindaje estatal para evitar que inversores extranjeros puedan aprovecharse de la coyuntura para tomar el control de empresas españolas de sectores estratégicos. Vantage Towers no es española, pero sí incluye en su grupo una filial radicada en este país y realiza actividades clave para España. "Los sectores estratégicos incluyen, entre otros, las infraestructuras críticas, incluidas las infraestructuras de telecomunicaciones, y el suministro de insumos críticos, en particular los servicios estratégicos de conectividad".
De esa forma, Vantage Towers debe recibir el visto bueno del Ejecutivo, ya que la operación permitiría a "inversores extranjeros alcanzar directa o indirectamente la propiedad del 10% o más de las acciones de una sociedad española o alcanzar el control de la empresa española tal y como se entiende en la normativa de defensa de la competencia".
El mismo texto indica que "se entiende que existe titularidad de la sociedad matriz última cuando esta posea, directa o indirectamente, una participación superior al 25% del capital social o de los derechos de voto de la sociedad que realiza la inversión, o cuando la sociedad matriz ejerza el control por cualquier otro medio".
Cinco bajas en la desbandada del comité ejecutivo del grupo
El comité ejecutivo del grupo Vodafone afronta una profunda renovación de su composición tras las recientes salidas y anuncios de abandono de cinco de sus 14 miembros. La más significada corresponde al consejero delegado, Nick Read, comunicada la primera semana del pasado diciembre, que aceleró la desbandada de otros primeros ejecutivos de filiales y de áreas de negocio. Es el caso de Colman Deegan, consejero delegado de Vodafone España, que dejará el puesto el próximo marzo. Previamente, Alex Froment-Curtil también anunció su dimisión como responsable comercial, igual que la secretaria del consejo Rosemary Martin. Asimismo, ya ha salido de la multinacional Johan Wibergh, responsable de tecnología del grupo.
