El Gobierno hará libre uso de todas las herramientas de geolocalización que ofrecen actualmente los teléfonos móviles, con la colaboración necesaria de los operadores de telecomunicaciones.
Entre otras capacidades, las autoridades estarían en condiciones de conocer cuántos usuarios se han desplazado desde su residencia habitual a cualquier otro lugar, así como la ubicación de las nuevas zonas de destino o si pernoctan en otras comunidades distintas a las de su procedencia.
El usuario de telefonía móvil no podrá eludir esta supervisión tecnológica
Para averiguar todo lo anterior, el Ejecutivo solo tendrá que cruzar los datos censales recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con la información en tiempo real que puede reclamar a los operadores de telecomunicaciones. Los mapas de calor con presuntas áreas de riesgo, formadas por personas desplazadas, serán relativamente fáciles de confeccionar para el Ministerio de Sanidad.
Ademas, el usuario de telefonía móvil no podrá eludir esta supervisión tecnológica ni con el modo de GPS apagado. Tampoco escaparán los ciudadanos que utilicen móviles muy básicos -los que no son smartphones-, ni aunque carezcan de acceso a Internet ni utilicen aplicaciones móviles. En los anteriores supuestos no habrá impedimento técnico para que los operadores de telefonía puedan situar en el mapa cualquier tarjeta SIM que pase por sus antenas y redes. El mérito reside en la información continua que gestionan las antenas de móviles a las que necesariamente se conectan los dispositivos.
Según explican técnicos de los operadores de telefonía móvil a elEconomista, cada dispositivo conectado a la red celular está comunicándose permanentemente con la estación base más conveniente para realizar un contacto de calidad. Para ello, el móvil (sea inteligente o no) lanza un bit al aire cada segundo con destino a la antena que le proporcione la mejor cobertura para el servicio.
De esa forma, la tarjeta SIM mantiene controlada la antena que le permite funcionar, ya sea para recibir o enviar llamadas, además del tráfico de datos. Por lo tanto, si el usuario se mueve con su móvil, el teléfono cotejaría al instante qué celda es la suya en cada momento. Inicialmente, esta información proporcionada corresponde a numero de tarjetas SIM, no a usuarios con nombres y apellidos. No obstante, confirmar esa identidad solo requeriría al Gobierno una consulta con el operador de telefonía, sin necesidad de que intervenga un juez.
La reciente modificación de la Ley de Protección de Datos y la orden ministerial publicada el pasado sábado en el BOE, anteponen la seguridad y la salud a cualquier otro tipo de consideraciones. Al mismo tiempo, las autoridades se arrogan de plenas competencias para "dictar las órdenes, resoluciones e instrucciones interpretativas" que se consideren necesarias para "garantizar la protección de las personas, bienes y lugares".
En tan insólitas circunstancias propias del Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo, los técnicos de la Secretaría de Estado de la Digitalización e Inteligencia Artificial -en colaboración con diversas las empresas tecnológicas- han trabajado día y noche en el desarrollo de la aplicación móvil Asistencia COVID-19. Los objetivos son estrictamente sanitarios, pero también se deja la puerta entornada para abarcar otros ámbitos relacionados con el control de movimientos de ciudadanos. Las incertidumbres jurídicas derivadas de este tipo de iniciativas, que podrían colisionar con los derechos de privacidad, quedan también despejadas con la referida orden ministerial. A simple vista, la aplicación ofrece al usuario la posibilidad de realizar una autoevaulación en función de los síntomas médicos que comunique. Sin embargo, la tecnología "permitirá la geolocalización del usuario a los solo efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en la que declara estar", sin necesidad de acudir a los operadores de telecomunicaciones.
