El Gobierno ha habilitado la aplicación móvil oficial de autodiagnóstico e información, denominada Asistencia COVID-19, en seis comunidades: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de la Comunidad de Madrid en donde se realizó el el proyecto piloto. El objetivo de esta herramienta consiste en "descongestionar los teléfonos de atención sanitaria de las diferentes comunidades autónomas, a la vez que ofrecer información oficial y de confianza a la ciudadanía", según explica el Ejecutivo.
La nueva herramienta puede descargarse a través del móvil o la web y permite realizar autodiagnósticos, acceder a recomendaciones de actuación e información actualizada, y recibir recordatorios para realizar un seguimiento periódico del estado de salud. De esta forma, la aplicación oficial también recopilará datos unificados y homogéneos para disponer de una mayor información sobre la gestión de la epidemia.
Ante la posible colisión con los derechos de protección de datos de los usuarios, este software requiere del permiso expreso del usuario, sin perjuicio de que la autoridades dispongan de otros recursos técnicos para detectar los movimientos de población entre comunidades a través del cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística con las información de las tarjetas SIM en poder de los operadores de telecomunicaciones. En el caso de la nueva aplicación, el sistema de geolocalización vía GPS del teléfono móvil se validará la comunidad autónoma en la que se encuentra para personalizar las respuestas en función de los protocolos de cada una de ellas. Y precisamente esa autorización facilita enormemente al Ejecutivo su capacidad para vigilar los tránsitos de la población o cambios de residencia.
No obstante, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificia (adscrita a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) ha recalcado que esta nueva aplicación no se utilizará "para realizar un control del cumplimiento de las medidas de contención". De hecho, "solo se permitirá el acceso a los datos a los profesionales sanitarios y a las autoridades competentes autorizadas".
A su vez, "los datos personales serán conservados durante el tiempo que perdure la crisis sanitaria y, una vez finalizada, serán agregados de forma anónima para tratarlos con fines estadísticos, de investigación o de planteamiento de políticas públicas, durante un período máximo de dos años".
El Gobierno tiene previsto, además, liberar el código fuente para que otros organismos oficiales puedan implementar sus propias versiones de la aplicación, adaptando la herramienta a su protocolo sanitario de autoevaluación y triaje. Esto contribuirá a garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades poniendo la tecnología al servicio del conjunto de la sociedad.
