El partido liderado por Gabriel Rufián, ERC, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press, para pedir explicaciones por escrito al Ejecutivo tras los recientes bloqueos de direcciones IP ejecutados por LaLiga, avalados judicialmente para combatir la piratería de retransmisiones deportivas.
Desde el año pasado, LaLiga ha llevado a cabo una fuerte campaña contra la piratería en el fútbol. Sin embargo, su forma de actuar no está siendo "totalmente legal" a pesar de contar con el apoyo de la justicia, debido a que en sus esfuerzos por bloquear las retransmisiones piratas se están llevando por delante todo tipo de webs legítimas y que no tienen nada que ver con esta competición.
Desde el partido nacionalista catalán alertan de la estrategia antipiratería de LaLiga que, a su juicio, ha tenido un efecto colateral "masivo" que ha afectado a servicios legítimos como Steam, X (Twitter) o webs institucionales y poniendo en riesgo la neutralidad de la red y la libertad de información, tal y como recogen las cientos de denuncias de asociaciones tecnológicas y los propios usuarios de la red.
ERC advierte de que este fenómeno, conocido como 'LaLigaGate', plantea un precedente "preocupante", ya que señalan que hay un poder de una empresa privada para ordenar bloqueos masivos "sin suficiente control democrático ni garantías para los derechos fundamentales".
Por ello, consideran urgente que el Estado intervenga para establecer criterios claros, proporcionados y judicialmente supervisados para cualquier bloqueo de contenidos, evitando daños colaterales y protegiendo la libertad digital.
Por su parte, desde LaLiga defienden en que "es falso que se estén produciendo bloqueos masivos a páginas legítimas" en su batalla contra la piratería audiovisual y asegura que todas las medidas que toma "forman parte de un procedimiento judicial autorizado y supervisado".
Y ante las denuncias que reciben online aseguran que son "múltiples quejas en redes sociales sobre supuestos bloqueos a webs inexistentes, sin tráfico real o con apenas unas decenas de usuarios al mes". "Este tipo de denuncias no tienen impacto real sobre los usuarios y únicamente buscan crear una narrativa de alarma social para desacreditar la lucha contra la piratería", lamentó el organismo que preside Javier Tebas.
Pero aunque estos no sean los negocios más grandes o los que reciben más visitas, está claro que si no están haciendo nada mal, nadie tiene derecho a cerrar o bloquear su página web como efecto secundario para bloquear una retransmisión pirata.
Este bloqueo le puede suponer a un pequeño negocio perder una venta de 50 euros, y muy posiblemente esto le afectará mucho más al dueño que las pérdidas que le puedan suponer a Javier Tebas y su sueldo millonario. Por esa razón desde ERC preguntan al Ejecutivo qué medidas tiene previstas para que los bloqueos respeten el principio de proporcionalidad y no vulneren derechos fundamentales de los usuarios.