OpenAI seguirá siendo una compañía cuyo mando principal estará regido como una institución sin ánimo de lucro. Al menos, sobre el papel.
Esta semana, OpenAI zanjó —por ahora— el dilema: su entidad sin ánimo de lucro seguirá al frente del control. El brazo con fines de lucro continuará operando bajo la supervisión del consejo fundacional, ahora con más atribuciones como accionista mayoritario de la public benefit corporation sobre la que funciona, una figura empresarial estadounidense a caballo entre la fundación y la empresa.
Es un compromiso, en palabras del propio Sam Altman, que "funciona lo suficientemente bien como para que los inversores quieran seguir financiándonos". Pero, ¿es sostenible este modelo híbrido? Es más: ¿Es real o solo una pantomima?
Elon Musk se apunta un tanto, pero no está claro que sea efectivo
La historia se retrotrae a cuando Elon Musk presentó su demanda contra OpenAI por "haber traicionado su misión de beneficiar a la humanidad", la batalla por el alma de la inteligencia artificial dejó de ser una discusión técnica. Se volvió política, económica, filosófica.
Musk -cofundador de la propia OpenAI- acusó a la empresa de Sam Altman de haberse vendido al mejor postor, especialmente a Microsoft, su mayor financiador. El contexto no podía ser más tenso: en plena carrera por la inteligencia artificial general (AGI), la startup más influyente del mundo se debatía entre su misión fundacional y la urgencia de recaudar capital a escala de multinacional.
El dilema de las dos almas de OpenAI: misión ética vs presión de mercado
OpenAI nació en 2015 como un laboratorio sin ánimo de lucro con un objetivo claro: desarrollar inteligencia artificial segura, abierta y beneficiosa para la humanidad. Esa misión atrajo a nombres como Elon Musk, Reid Hoffman o Peter Thiel, y su estructura institucional fue diseñada para garantizar que las decisiones técnicas no quedarían en manos del capital especulativo.
Pero el progreso tecnológico exige recursos. Muchos. La creación de modelos como GPT-4 y su futura evolución hacia una inteligencia artificial general requiere infraestructuras multimillonarias, acceso privilegiado a chips, centros de datos y talento especializado. La paradoja no tardó en llegar: para proteger a la humanidad, OpenAI debía moverse como una empresa.
En 2019 se creó un brazo comercial con fines de lucro limitado, lo que permitía remunerar a los inversores con beneficios hasta cierto tope. Microsoft invirtió 1.000 millones de dólares en esa etapa, y después añadió más de 10.000 millones en una alianza que muchos consideraron demasiado estrecha para una entidad que debía mantener su independencia.
En diciembre de 2024, OpenAI propuso una reestructuración completa: convertirse en una public benefit corporation. Esta figura legal, más común en empresas sociales como Patagonia, permite equilibrar el objetivo de rentabilidad con un mandato ético explícito. Sin embargo, la noticia desató alertas entre analistas, activistas e incluso dentro del consejo directivo.
El papel de Microsoft o Softbank como operadores fantasma de OpenAI
La demanda de Elon Musk fue más que una disputa legal. Fue una acusación pública de haber abandonado la promesa fundacional. Según Musk, OpenAI "se ha transformado en una empresa cerrada, impulsada por el lucro y controlada por Microsoft", alejándose radicalmente del principio de acceso abierto y beneficio universal. Más tarde, Softbank también realizó una importante inversión.
OpenAI respondió que su evolución era necesaria para cumplir su misión a largo plazo, pero las críticas calaron. En paralelo, los fiscales generales de California y Delaware iniciaron conversaciones con la organización para evaluar la legalidad y legitimidad del cambio estructural. Varios líderes del ámbito tecnológico expresaron también su preocupación por el equilibrio entre rentabilidad y ética.
Finalmente, OpenAI optó por reafirmar su estructura actual: el consejo sin ánimo de lucro seguirá controlando el brazo comercial, que ahora operará como una public benefit corporation, pero bajo la tutela directa del órgano fundacional. La decisión busca salvaguardar el propósito social sin cerrar la puerta al capital.
La tensión interna que ya causó la crisis más importante de OpenAI
El anuncio de esta semana no puede entenderse sin el terremoto institucional de noviembre de 2023. Entonces, el consejo sin ánimo de lucro de OpenAI destituyó a Sam Altman, citando pérdida de confianza y problemas de comunicación. La decisión desató una tormenta sin precedentes: casi todos los empleados firmaron una carta pidiendo su restitución, y Microsoft ofreció trabajo a toda la plantilla en caso de ruptura.
Altman fue restituido cinco días después. Bret Taylor, expresidente de Salesforce y uno de los nuevos fichajes para el consejo, asumió la presidencia del órgano directivo. Desde entonces, OpenAI ha estado en un proceso de redefinición institucional, intentando combinar agilidad empresarial con un marco ético robusto.
El nuevo esquema busca evitar futuras rupturas: una mayor representación del brazo fundacional, nuevos comisionados y una estructura "extremadamente cercana a la actual", en palabras de Taylor, pero más preparada para afrontar el crecimiento exponencial de la empresa.
Una decisión con impacto en la financiación futura
A pesar del compromiso de Altman y Taylor, no todos ven con buenos ojos la permanencia del control sin ánimo de lucro. Gil Luria, analista de D.A. Davidson, advierte a Reuters que "esta estructura reduce significativamente la capacidad de OpenAI para captar capital", ya que los inversores tradicionales buscan rentabilidad clara y control operativo.
De hecho, la ronda de financiación anunciada en marzo, liderada por SoftBank y valorada en hasta 40.000 millones de dólares, estaba condicionada al cambio de estatus legal. No está claro si el nuevo modelo híbrido cumplirá con esas condiciones. SoftBank y Microsoft no han respondido de momento a las solicitudes de comentarios.
OpenAI se enfrenta ahora al reto de seguir siendo competitiva frente a actores como Google DeepMind, Deepseek, Anthropic o Meta AI, todos ellos integrados en estructuras empresariales más convencionales y con capacidad para ejecutar inversiones sin interferencias institucionales.