El Gobierno se ha olvidado de reactivar la normalidad entre los operadores de telecomunicaciones. Mientras que el 70% del territorio se encuentra en la 'Fase 1', con la actividad económica despertando de forma gradual, los proveedores de acceso a Internet permanecen maniatados para ganar nuevos clientes. La portabilidad fija sigue confinada, igual que sucedía en aquellos funestos días de marzo y abril. Pero ahora sin un motivo sanitario que lo justifique. Y mucho menos económico y empresarial. Si ya se permiten reuniones de hasta 10 personas en los domicilios de casi todas las comunidades autónomas, igualmente los hogares podrían abrir sus puertas a un instalador, siempre con mascarilla, guantes y con la distancia interpersonal recomendada. Y mucho más cuando las propias 'telecos' son las primeras interesadas en salvaguardar la salud de sus trabajadores, con férreos protocolos aplaudidos por los representantes sindicales.
Los remedios no deberían ser peores que la enfermedad, y eso es lo que por ahora sucede con las actuales restricciones al movimiento de clientes entre operadores (portabilidad). Por muchos motivos, recuperar la capacidad de elección de los usuarios para cambiar de proveedor de servicios de acceso a Internet en las zonas geográficas de la 'Fase 1' sería congruente con el espíritu de las medidas de desescalada. De hecho, ese impedimento no existe en el negocio de móvil ni en otros sectores, ni en el resto de los países... lo que eleva la estridencia del despropósito.
La permanencia de estas trabas a la competencia no parece el pago más justo después del desempeño de este colectivo durante toda la crisis sanitaria. La calidad de las redes está permitiendo que millones de personas puedan teletrabajar, los estudiantes seguir con sus clases a distancia, las familias videollamar a sus allegados y el conjunto de la población convertir la red en la principal herramienta de comunicación y de ocio. Además de preservar altos niveles de operatividad y productividad, también ha servido para mantener la moral y la cohesión colectiva siempre lo más alto.
¿Qué hubiera sido del país si las telecomunicaciones no hubieran respondido a los incrementos brutales de tráfico sufridos? Si la conectividad ya era un servicio esencial, casi a la altura del agua, la electricidad o el saneamiento, tras el coronavirus ha multiplicado su relevancia. Abren hoteles, comercios, terrazas en los bares, bibliotecas y hasta se permiten espectáculos con decenas de personas... pero no se autoriza que un operario pueda conectar un cable de fibra óptica a un módem. Además, en el caso de las telecomunicaciones la cita previa se da siempre por supuesta, ya que exige la visita al domicilio.
La unanimidad en el sector contra las restricciones comerciales es contundente, sin que se aprecien razones técnicas para retrasar el ansiado retorno a la situación previa a la COVID-19. Si la medida fue transitoria, ha llegado el momento de revisar su actualización. No solo por el libre funcionamiento de uno de los mercados más dinámicos competitivamente que existe, sino también para evitar su impacto en el empleo de miles de pequeñas empresas y autónomos dedicados a la instalación de redes y equipamiento de telecomunicaciones.
El hecho diferencial de España en este asunto -tanto en Europa como el resto del mundo- ha alentado cierta picaresca en el sector para bordear la norma. No se permitía el cambio de número de teléfono fijo durante el periodo de emergencia, pero sí se autorizaba activar nueva línea. Eso llevó a miles de usuarios a dar de baja el número antiguo y estrenar nueva numeración, sin mayor inconveniente que informar del cambio a los círculos de amigos y familiares más allegados que aún utilizaban el fijo como primera opción para hablar por teléfono. Para evitar esas prácticas, también sería deseable que el Ejecutivo revisara la transitoriedad de una norma ahora desfasada, y nunca mejor dicho.