Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ha asegurado en su discurso como candidato a la investidura que el Ejecutivo pondrá en marcha durante la próxima legislatura el denominado bono social de acceso a internet, pero sin profundizar en los detalles durante su intervención de casi dos horas en el Congreso de los Diputados.
Ante los primeros pasos de una norma ya recogida en la Ley de Derechos Digitales, pendiente de desarrollo reglamentario en el futuro Reglamento Nacional de Telecomunicaciones, el documento permitirá transponer el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas antes de noviembre de 2020. Entre otras mejoras, el futuro bono social de internet confía en garantizar el derecho a la acceso a la red, en condiciones óptimas, de colectivos vulnerables o con necesidades especiales.
En concreto, el bono social de internet pretende combatir la brecha digital por motivos económicos a colectivos como pensionistas, ciudadanos con bajos ingresos o necesidades sociales especiales. La velocidad de acceso mínima aún está por definir, aunque parece probable que fueran los 30 Mbps, aunque dichas prestaciones podrían reducirse o ampliarse en función del ritmo de mejora media del conjunto del país.
El mismo bono social tiene todas las papeletas para incorporarse en el catálogo de las próximas ediciones del Servicio Universal del Telecomunicaciones, asunto que también tomará cuerpo normativo en el futuro Reglamento Nacional de Telecomunicaciones. "De la misma forma que desaparecerán servicios ahora obligatorios, como la existencia de cierto número de cabinas en las calles, también se incorporarán otros como el referido bono social de acceso a internet", indican fuentes cercanas al Ejecutivo.
¿Quién lo paga?
Asimismo, "aún está por ver quién financia los costes del nuevo bono, si lo cubre el Estado, los operadores de telecomunicaciones o si se aplica un sistema mixto público-privado", añaden las mismas fuentes. En cualquier caso, el servicio de acceso a Internet para los colectivos más vulnerables lo realizarán las propias compañías especializadas en esos servicios, siempre con criterios de neutralidad tecnológica. En la actualidad, existen bonos sociales eléctricos, térmicos y telefónicos. A modo de ejemplo, el bono telefónico ya favorece a 33.000 ciudadanos, colectivo también susceptible de resultar beneficiario del futuro Bono Social de Internet.
A modo de referencia, el PSOE ya presentó este año una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado en la que cifraba en 50 millones de euros el importe mínimo necesario para llevar a la práctica el bono social de internet, sin que dicho gasto fuera compartido o compensado por los operadores de telecomunicaciones. Además, las ayudas no solo incluirían el acceso a la red, sino también al teléfono fijo y móvil.
"Desaparecerán las cabinas del Servicio Universal de Telecomunicaciones pero se incorporará el nuevo Bono Social de Internet"
En el argumentario de la misma enmienda de los Presupuestos, presentada el pasado mayo, el PSOE proponía fijar descuentos en la factura de telecomunicaciones de los hogares en función de la renta. Además, se establecía el pasado mayo un periodo de tres meses para aprobar un "Plan integral para la reducción de las brechas digitales" por el que se garantizará "de forma urgente" "un bono social digital de acceso a Internet.
Por otra parte, y según se detalla en el programa electoral del PSOE, el Gobierno socialista prevé "impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público, especialmente en zonas rurales o con riesgo de despoblación".
Además, el gobierno que lidera Sánchez trabajará para "completar el despliegue de redes", así como "liderar la implantación de la nueva tecnología móvil 5G". Sobre esta exigencia, el Gobierno ya ha anunciado la inminente puesta en marcha el Segundo Dividendo Digital –que se iniciará el próximo miércoles en Baleares- así como la subasta de las frecuencias de 700 MHz a finales de enero o principio de febrero de 2020.
El objetivo –ya fijado desde Bruselas- consiste en disponer de cobertura de más de 30 Mbps en sentido descendente a finales de 2020, además de "garantizar redes ultra rápidas de 100 Mbps en las escuelas". De estos último se encargará el programa de Escuelas Conectadas, ya en vigor desde hace años, junto con "los servicios de capacitación digital para colectivos en riesgo de exclusión digital, en colaboración con las administraciones".
