La actividad de los órganos judiciales españoles volvió a la normalidad en 2021, tras verse alterada en 2020 por la crisis sanitaria del Covid-19, según los datos del informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2020, difundido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El pasado año, ingresaron en los juzgados y tribunales 6,3 millones de asuntos, un 13,4% más que en 2020, y apenas un 0,1% menos que en 2019. En el mismo periodo, se resolvieron 6,3 millones, un 20,9% más que en 2020, y un 4% más que en 2019; y quedaron en trámite 3,1 millones de asuntos, lo que representa una disminución de la pendencia del 0,5% respecto al final de 2020.
Todas las jurisdicciones experimentaron un importante incremento tanto en el número de asuntos registrados, como en el de resueltos.
En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados en 2021 fue de 2,6 millones, lo que ha supuesto un incremento del 16,7% respecto al año anterior, y del 8,4% respecto a 2019.
En esta jurisdicción se resolvieron 2,6 millones de asuntos, un 26,5% más que en 2020, y un 15,1% más que en 2019.
Este nivel de actividad permitió que la pendencia se mantuviera estable, con 1,7 millones en trámite a final de año, un 0,2% más que al término del anterior ejercicio.
Los tres millones de asuntos ingresados en la jurisdicción Penal representan un incremento del 10,8% sobre 2020, aunque se quedaron un 6,2% por debajo del nivel de ingresos de 2019.
Los asuntos resueltos sumaron algo más de tres millones, un 15,1% más que en 2020 y un 4,8% menos que en 2019, y los pendientes ascendieron a 817.512, es decir, un 1,3% menos que un año antes.
En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 224.622 asuntos, un 15,7% más que el año anterior y un 9,9% menos que en 2019. Los 224.489 asuntos resueltos supusieron un incremento del 16,9% respecto a 2020 y un descenso del 0,9% en relación con 2019. Pendientes de resolución quedaron a final de año 220.905 asuntos, un 2,3% más.
Los asuntos registrados en la jurisdicción Social, 445.837, aumentaron un 11,4% respecto a 2020 y un 3,1% sobre 2019. Se resolvieron 454.344 asuntos, un 35,4% más que el año anterior y un 15,1% más que en 2019; y los 362.266 asuntos en trámite a final de año representan un 4% menos que los del cuarto trimestre de 2021.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (171,1), Andalucía (144,1), Madrid (137), Murcia (134,5), Asturias (133,9), Cantabria y Comunidad Valenciana (132,4). Los de tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (94,9), País Vasco (100,3) y Navarra (101,6).
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