La Agencia Tributaria somete a consulta pública un ambicioso paquete normativo que endurece los controles fiscales sobre el sector de los carburantes, uno de los focos históricos del fraude del IVA en España. La extracción de gasolina, gasóleo y biocarburantes de los depósitos fiscales exigirá garantías reforzadas y pagos a cuenta, salvo para los operadores con la máxima solvencia acreditada.
El Ministerio de Hacienda da un paso más en la batalla contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, que había superado la barrera de los 2.000 millones, con la publicación de una consulta pública previa sobre el nuevo procedimiento de control en la entrega de carburantes. La medida, que afecta de lleno a la cadena de valor de gasolinas, gasóleos y biocarburantes, busca poner coto a una de las principales vías de evasión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cerrando el paso a las tramas que se aprovechan de la opacidad y los vacíos regulatorios para competir deslealmente y eludir miles de millones de euros en impuestos.
El núcleo de la reforma reside en un endurecimiento de las garantías exigidas a quienes extraen carburantes de los depósitos fiscales. A partir de ahora, la extracción de carburantes solo podrá realizarse cuando el IVA correspondiente haya sido previamente pagado o garantizado, blindando así el punto más vulnerable de la cadena y obligando a los operadores a anticipar o asegurar el pago del impuesto antes de que el producto acceda al mercado.
Para garantizar este ingreso, la nueva normativa contempla varias vías. Los operadores podrán presentar un aval bancario, suscrito por una entidad financiera o compañía de seguros, como respaldo para el pago del IVA. Otra opción es realizar un pago a cuenta mediante el nuevo modelo 319, una declaración fiscal creada específicamente para estas operaciones y que permitirá liquidar el impuesto de forma anticipada. Solo estarán exentos de constituir garantías individualizadas aquellos operadores que obtengan el reconocimiento oficial de "operador confiable" o quienes ya ostenten la condición de "operador económico autorizado" conforme a la normativa europea.
Una de las grandes novedades es la creación de la figura del operador confiable, así como un registro específico donde quedarán inscritas las empresas que acrediten un historial intachable y solvencia fiscal. La inscripción en este registro permitirá operar con menos cargas administrativas, sin la obligación de presentar garantías para cada extracción de producto. De este modo, la Administración incentiva a las compañías que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, eleva los filtros de acceso para aquellos agentes que intenten aprovecharse del sistema para defraudar.
El fraude del IVA en hidrocarburos constituye un problema crónico que genera un grave perjuicio a las arcas públicas y distorsiona la competencia en el sector. Tradicionalmente, el extractor, es decir, la empresa que retira el carburante del depósito fiscal, se convertía en el eslabón más vulnerable al fraude, al ser el encargado de ingresar una parte esencial del impuesto. Las tramas fraudulentas han aprovechado históricamente este punto débil para omitir el pago del IVA, rebajando artificialmente precios y desplazando a los operadores legales.
La consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 9 de mayo, permitirá aportar sugerencias y comentarios sobre la norma a través del portal de la Agencia Tributaria. Finalizado este periodo, Hacienda analizará las propuestas y procederá a la publicación definitiva del texto en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que la reforma entrará en vigor.
Con este movimiento, el Gobierno lanza un mensaje inequívoco: la lucha contra el fraude fiscal en los carburantes entra en una nueva etapa. El refuerzo de los controles, la exigencia de garantías y la promoción de operadores confiables buscan erradicar las bolsas de evasión que durante años han lastrado la recaudación y la competencia. España se dota así de un blindaje fiscal frente a uno de los principales focos históricos de fraude tributario.
