Madrid
El fraude de los carburantes alcanzó los 1.211 millones de euros durante el año 2023, lo que supone un 59% más frente a los cerca de 760 millones del año anterior.
El Ministerio de Hacienda dio a conocer el pasado viernes las cifras de morosidad y tras un análisis elaborado por este diario las compañías de distribución de hidrocarburos mantienen impagos en el IVA por cerca de 630 millones de euros.
Además de este fraude, existe el correspondiente al uso de los biocombustibles, que consiste en no incorporar el porcentaje de biocarburantes obligatorio en los productos destinados al transporte para reducir las misiones, lo que supone que a esta cantidad hay que sumar el agujero existente en dicho negocio, que asciende a otros 581 millones de euros, tal y como se desprende de una resolución del Ministerio de Transición Ecológica sobre la anotación de certificados de biocarburantes correspondientes a 2023 frente a los 95 millones del año anterior.
El incumplimiento de esta obligación supone, además de un perjuicio económico, un daño al medio ambiente y a la competencia, porque el coste de los biocarburantes es superior al de los combustibles convencionales y porque tampoco se cumple la obligación de satisfacer las compensaciones económicas previstas en la ley.
Los sujetos obligados al pago de los Certificados de biocombustibles y la cantidad impagada por no haber introducido en el periodo estipulado - de un año- la cantidad obligatoria por la normativa REDII, que estipula que hay que introducir en los carburantes un 10,5% de materia bio.
Estos 581 millones supondrían que hay 4 millones de m3 de gasóleo A (GOA) sin biocarburantes, lo que representa un 16% del mercado (las ventas en 2023 de gasóleo A fueron de unos 26 millones de m3).
La resolución explica que en 2023, Transición Ecológica había recibido 70 solicitudes de expedición de Certificados definitivos sobre un total de 127 sujetos obligados acreditados en 2023 en el Sistema de Certificación de Biocarburantes. De los 57 sujetos obligados restantes, 51 de ellos se encuentran en trámites de formalización de su solicitud de baja o bien serán dados de baja de oficio. Respecto a los 6 restantes hay 1 empresa que, siendo operadora al por mayor, ha presentado ante la Entidad de Certificación declaración responsable de no haber tenido ventas en 2023. Existen 4 empresas que estando acreditadas no han formalizado las solicitudes para la certificación provisional ni las de Certificados definitivos, así como tampoco han reportado información.
El porcentaje de Bios se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio. Se ha constatado que conforme aumentan las obligaciones de venta de biocarburantes, han incrementado los importes no ingresados por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener.
Además, el pago compensatorio por no introducir BIOS ni pagar los certificados a tiempo es disuasorio, ya que es mucho más del doble que cumplir con la norma (unos 100/150€ euros por m3), por lo que la compañía que no lo ha ingresado no ve mucho incentivo en pagar dicha compensacion. Pero, además existe también la directiva FQD (Fuel Quality Directive), que obliga a aprobar el objetivo de reducción del 6% de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles, tomando como referencia la media europea de 94,1 gCO2/MJ. Esta directiva es más limitante y ha supuesto una incorporación adicional de materia BIO.
