La Asociación Operadores Petrolíferos (AOP), la Unión de Petroleras Independientes (UPI), la Confederación Española de Estaciones de Servicios (CEEES) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Aevecar) han puesto sobre la mesa del Gobierno una batería de medidas para luchar contra el fraude de los carburantes.
Las asociaciones han planteado al Ejecutivo una modificación de la Ley del IVA para tratar de atajar el agujero de más de 3.000 millones que se está registrando por el fraude del diésel por parte del "crimen organizado", tal y como lo calificó el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, en el IX Foro de Energía de elEconomista.es.
Para las petroleras, la opción más factible para resolver el problema pasa por adoptar el llamado modelo italiano. Esta medida consiste en que cuando los carburantes se compran dentro de un depósito fiscal -con exención del impuesto- por parte de un operador, este tenga que abonar inmediatamente el IVA, de forma que cuando luego venda el producto ya no pueda eludir dicho ingreso a la Hacienda Pública.
Esta medida fue adoptada en Italia, que también afrontaba una situación similar desde 2019, y desde la Administración del país han subrayado su efectividad y su facilidad de implantación.
La propuesta de las petroleras fue recogida por el Partido Popular, el PNV, ERC y Junts, que pretendían que se introdujera mediante una enmienda al Real decreto ley 8/2023 en el que ya se incluían algunos pasos dados por el Ejecutivo para tratar de paliar esta situación, pero finalmente no logró entrar en dicho paquete de medidas.
Parálisis política
Desde entonces, la parálisis política que atraviesa el Gobierno -al que le cuesta notablemente lograr los apoyos parlamentarios suficientes- ha hecho que esta medida siga durmiendo el sueño de los justos y el fraude del carburante siga produciéndose con fuerza.
Ante esta situación, las compañías están buscando opciones alternativas para poder desatascar esta propuesta, que parece que no cuenta en principio con el respaldo del Gobierno socialista.
Las asociaciones reiteraron esta semana al Ministerio de Hacienda su petición, pero siguen sin recibir el apoyo de María Jesús Montero, ni tampoco reciben propuestas alternativas por su parte.
Ante esta situación, las compañías esperan que el PP lidere la adopción de la medida dentro del Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados por el procedimiento de urgencia y que mantiene ahora mismo abiertas las enmiendas al articulado de la norma. No obstante, según fuentes del sector, el Partido Popular aún no ha presentado nada en el Parlamento.
Grave riesgo
Suministradores al por mayor y estaciones de servicio recalcan que el fraude en la distribución de carburante es un grave riesgo en las distintas fases de la cadena y su erradicación requiere de un conjunto de medidas en distintos ámbitos. Por este motivo, las asociaciones explican la importancia de que se valore su puesta en marcha y confían en que los grupos parlamentarios respalden su aprobación e incorporación a la redacción definitiva de la Ley.
El fraude ha alcanzado cotas gravísimas y las patronales, aunque acogen positivamente las medidas que ya se han incorporado, recalcan que estas aún resultan insuficientes. El propio Ejecutivo reconoció a principios de año las crecientes prácticas fraudulentas por el incumplimiento de obligaciones sectoriales respecto de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburante (SICBIOS), el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), así como los ingresos fiscales (IVA, IIEE).
Medidas propuestas
En un evento de presentación de las propuestas de medidas al Gobierno, celebrado en CEOE el pasado mes de junio, UPI planteaba que el IVA se pague previamente a la extracción del carburante y que los operadores, independientemente de su tamaño, efectúen liquidaciones mensuales. Esta medida facilitaría el control por parte de la Administración tributaria y agilizaría la capacidad de detección del fraude.
En lo que respecta a los biocarburantes, la Asociación Operadores Petrolíferos pidió elevar el porcentaje mínimo de la obligación que se debe cumplir mediante la venta física y reducir asimismo los pagos compensatorios. La patronal petrolera propone acortar el plazo en el que se verifica si los operadores han cumplido sus obligaciones para actuar con una mayor agilidad acompañando esta obligación de realizar pagos compensatorios por el déficit de certificados de cada sujeto obligado en el momento de verificación. Para ello, habría que condicionar la anotación de certificados a favor de un sujeto al cumplimiento de sus obligaciones compensatorias, cancelar de oficio la cuenta de certificación y tramitar la inhabilitación de aquellos sujetos que no hayan abonado, en plazo, dicho pago.
Desde Aevecar y CEEES, propusieron establecer mayores controles en los eslabones previos de la cadena para contar con operadores fiables. Para ello consideran que habría que incrementar las condiciones exigidas a los operadores al por mayor, tanto en la comunicación de inicio de actividad, como mediante una supervisión regular de su cumplimento a lo largo de su vida activa con el objeto de facilitar la identificación de los incumplimientos y proceder a la inhabilitación. Para Aevecar habría que exigir una garantía financiera para que los operadores iniciasen su actividad. Hacer un seguimiento a los nuevos así como a los conocidos como "operadores dormidos".
¿Puede la medida reducir la competencia?
La Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles -que representa a compañías como Biomar, Biovigo Energy, Viroque o MarTankship- aseguraron que las medidas planteadas en la reforma que hay ahora mismo sobre la mesa sólo servirá para reforzar el poder de los grandes operadores mediante la imposición de avales que son muy difíciles de cubrir por parte de las compañías. Para esta asociación, el problema existente radica en la complicación que tiene el registro de los certificados en los biocarburantes Sicbios. Varios de los socios de Aopyde están inhabilitados.
