Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada y su personal pasan a estar desde este martes a disposición de las Comunidades Autónomas para reforzar al Sistema Nacional de Salud en el diagnóstico del coronavirus y pierden el control sobre los precios de los test de detección, que podrán ser modificados por las CCAA para evitar posibles abusos. En Directo | La evolución de la pandemia en el mundo.
Según se refleja en la Orden SND/344/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Ministerio de Sanidad, los laboratorios deberán desde hoy notificar a la autoridad sanitaria competente de la CCAA los casos de coronavirus tan pronto se detecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, que deberán fijar cada comunidad y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La puesta a disposición de las comunidades ordenada por Sanidad incluye la posibilidad de "adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19" para evitar "situaciones abusivas" en el acceso de los usuarios a este servicio. Es decir, las CCAA podrán intervenir los precios fijados por el centro privado si consideran que excede la normalidad.
Además, también se limita la realización de test. Desde hoy, no podrán hacerse en los centros de titularidad privada las pruebas del COVID-19 sin prescripción previa por parte de un facultativo y deberán ajustarse "a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente". En este sentido, mediante la intervención se pretende también evitar la realización de pruebas que puedan estarse haciendo a pacientes que no la requieren.
La orden de hoy es un paso más en la asimilación de la sanidad privada en la pública que el Gobierno autorizó con el estado de alarma y por el que las instalaciones de la sanidad privada pasaron a disposición del Estado para aumentar la capacidad de atención sanitaria.
La intención del Gobierno en esta fase de lucha contra el virus que les lleva a tutelar las pruebas del ámbito privado pasa por realizar test masivos mediante la combinación de los PCR con test rápidos especialmente dirigidos a personal sanitario y a residencias de ancianos.
"Que todos los recursos, tanto públicos como privados, se pongan al servicio de una misma estrategia de diagnóstico"
El ministro al frente de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la orden atiende a la necesidad transmitida por las CCAA para "clarificar" la situación. En concreto, el ministro, que ha destacado la colaboración de la sanidad privada, ha indicado que "estas últimas semanas hemos observado algunas situaciones que han aconsejado que todos los recursos, tanto públicos como privados, se pongan al servicio de una misma estrategia de diagnóstico".
También ha descartado Illa que se haya "requisado" material a las empresas sino que la orden pide que notifiquen el material con el que cuentan y las pruebas que tienen para garantizar "equidad" y "cohesión" en la realización de los test de diagnóstico del COVID-19.
Aunar esfuerzos y hacer más test
Sobre esta orden ha abundado la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, al asegurar durante una entrevista en TVE que la orden de Sanidad no busca "confiscar" sino "remar todos en la misma dirección, preparando la desescalada de la mejor manera posible, aunando esfuerzos para poder hacer de esos tests un ejercicio más masivo de lo que se ha hecho en esta fase inicial, cuando el objetivo era la lucha contra la pandemia y no la desescalada".
Para la ministra, no es "correcto" decir que en España se han realizado pocos test hasta ahora -entre 15.000 y 20.000 diarios- porque se están haciendo y produciendo desde el inicio de la crisis. Pero sí ha reconocido que se pueden realizar "muchos más".
