Madrid
El Gobierno se guarda una bala hasta febrero de 2025 en caso de que no haya acuerdo con las aseguradoras. Según se detalla en los pliegos técnicos del actual concierto en vigor, que finaliza el 31 de diciembre, las compañías se verán obligadas a prestar servicio a los mutualistas que hasta final de año estén adheridos a este plan durante el primer mes del próximo ejercicio.
Y no solo eso, sino que las compañías tampoco podrán dejar sin seguro privado a los pacientes de un día para otro en caso de que estén ingresados o si hay un parto previsto para el mes de febrero. "Las entidades deberán seguir prestando la asistencia hasta el día en que se produzca el alta hospitalaria o se concluya la asistencia por maternidad, respectivamente" manifiestan los pliegos.
En caso de que la hospitalización se prolongara, las aseguradoras asumirán la cobertura de ese mutualista hasta el final de marzo de 2025. Sin embargo, el fin del concierto a partir de aquí sí que dejaría a pacientes en el aire, puesto que el documento solo tiene en consideración el caso de que Muface consiga, al menos, un proveedor que esté dispuesto a presentarse al concierto actual. En ese caso, sería la entidad que sí se presente a Muface la que se haría cargo de dichos pacientes, pero no contempla que la licitación se quede desierta.
No obstante, las aseguradoras no cubren servicios en ese mes de enero de manera gratuita, sino que tendrán derecho a percibir la prima fija por cada mutualista adherido a Muface en diciembre de forma mensual. Sin embargo, de la prima de dicho mes, Muface retendrá un 10% hasta el 31 de diciembre del 2026.
Esto conllevaría a que las aseguradoras seguirían obteniendo pérdidas durante un mes más en 2025. La dimensión de estas puede variar, pero según un informe que Adeslas encargó a la Universidad de Málaga y de Granada, en el caso de esa compañía el balance mensual en 2023 fue de pérdidas de más de 6 millones de euros.
Descuentos del 40%
Más allá de la fecha final de la cobertura a la que están obligadas las aseguradoras, el Gobierno incluye en la renovación del acuerdo rebajas sustanciales para los dos tratamientos más costosos de la cartera de servicios. Por un lado, el Estado solo sufragará el 60% del coste de las terapias avanzadas y, por otro lado, las sesiones de protonterapia (una revolución de la radiología oncológica) se pagarán a 24.000 euros, mientras que la sanidad pública paga entre 30.000 y 35.000 según la comunidad autónoma.
Estos precios son uno de los aspectos que serán estudiados al detalle por las aseguradoras antes de dar respuesta a la oferta del Gobierno. Tal y como adelantó este medio, el plazo concluirá el próximo cinco de noviembre.
