Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado este lunes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado los datos de una encuesta anónima realizada a más de 2.000 personas que trabajan en el ámbito de la administración pública para determinar la evolución del consumo de fármacos en el ámbito laboral a consecuencia de la pandemia. Según el estudio, el 45% de los empleados públicos encuestados consume psicofármacos y más de la mitad lo hacen prácticamente a diario. Dicho hábito es generalizado, pero su incidencia en el ámbito de la sanidad y de la educación es mucho mayor que en el resto de áreas.
Uno de cada tres funcionarios que consume psicofármacos es sanitarios. La pandemia de Covid-19 y sus efectos colaterales, junto con la crisis económica, ha provocado daños a la salud mental de toda la ciudadanía. Sin embargo, aquellos colectivos que estuvieron en primera línea en la lucha contra el virus han sido los que han sufrido las peores consecuencias. El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo, que consume ansiolíticos a diario por soportar una excesiva carga de trabajo.
Los psicofármacos más consumidos son ansiolíticos (66%), antidepresivos (43,6%) y somníferos (32,1%). El 76% manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir psicofármacos, un 54,2% lo relaciona con el estrés derivado por el exceso de la carga de trabajo, un 44,6% con el escaso reconocimiento profesional y un 37,7% por el mal clima laboral (problemas de acoso laboral, conflictos o incluso agresiones).
Más de la mitad de los encuestados no recurrían a dichos medicamentos antes de la pandemia. Durante la presentación de los datos se han puesto de manifiesto los factores que influyen en su consumo y se ha citado la inseguridad laboral, los problemas con los usuarios a los que se prestan servicios o los econónimos como las principales causas. En relación a los datos de la encuesta, desde la central sindical afirman que es necesario que existan planes en las organizaciones sobre conductas adictivas de psicofármacos.
El estrés y la depresión solo se reconocen como accidente de trabajo si la única causa es el trabajo. "El escaso apoyo psicológico en las empresas y en las administraciones y la ausencia de una red adecuada de salud mental en nuestro país provoca que la atención a trastornos como la depresión o la ansiedad no sea abordada de manera eficaz. En nuestro sistema de atención primaria se puede provocar una prescripción de fármacos sin el respaldo adecuado de profesionales de psicología y psiquiatría", explica Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF.
La inversión en salud mental en España está dos puntos porcentuales por debajo de la media europea (5% frente al 7%). Por esta razón, desde la central han tildado la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS) para 2022-2026 como "una inversión totalmente insuficiente y sin dotación perfecta de profesionales sanitarios". El elevado número de bajas laborales por problemas de salud mental y su infravaloración como contingencias profesionales son otras cuestiones denunciadas.
"Estamos a la cola de Europa en profesionales de salud mental. Tenemos un ratio de psiquiatras de 25 profesionales por cada 100.000 habitantes, cuando países como Suecia y Finlandia disponen entre 150 y 200 profesionales. Las listas de espera medias de los psiquiatras para hacer la primera valoración son de dos meses, mientras que en otras comunidades, como Castilla La-Mancha o Aragón, la media de la primera consulta está en 5 y 9, respectivamente. En cuanto a psicólogos clínicos, la demora media se sitúa en torno a tres o cuatro meses", explica Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF.
Medidas para solventar el problema
Por todo lo expuesto, desde CSIF denuncian que las precarias condiciones laborales, la sobrecarga asistencial y la falta de reconocimiento que sufren los profesionales están afectando muy seriamente a su salud mental. Por esta razón, creen necesaria la implantación de servicios de psicología clínica en Atención Primaria y la ampliación en la creación de plazas en la línea expuesta con los países del entorno o una legislación específica europea sobre riesgos psicosociales que se desarrolle en un real decreto en España.
La financiación adecuada, la vigilancia de salud mental en los centros de trabajo o la inclusión de los colectivos más vulnerables en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio o el aumento de los recursos humanos en las organizaciones han sido otras de las cuestiones expuestas. En relación a la conducta suicida, piden que los registros del INE indiquen qué profesión desempeñaban aquellas personas que tomaron esa decisión.