Especial Salud
Más de 97.000 millones de euros. Ese fue el gasto sanitario público en España en 2023. En concreto, según recoge La Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) 2023 del Ministerio de Sanidad, esta cifra consolidada alcanzó los 97.661 millones de euros, lo que representó el 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Respecto al dato de 2022, cuando se situó en 91.974 millones de euros, el gasto sanitario público se incrementó un 6%. Por habitante, el gasto sanitario aumentó un 5%, al pasar de 1.925 euros en 2022 hasta los 2.021 euros en 2023. Esta cifra ha crecido un 27% en comparación con la de 2019, previa a la pandemia sanitaria del Covid-19, cuando se situó en 1.592 euros por habitante.
Los servicios hospitalarios y especializados son los que mayor peso tienen, representando un 61% del gasto total consolidado, con 59.545 millones de euros. En farmacia y en servicios primarios de salud, ambos con un 14,3%, se destinaron más de 13.900 millones de euros. "El comportamiento en el período 2019-2023 de las tres principales funciones asistenciales (que representan el 89,6% del gasto total) ha sido dispar, aunque todas redujeron su contribución. Así, la farmacia y los servicios hospitalarios y especializados cedieron 1,5 puntos y 1,3 puntos, respectivamente, durante el quinquenio, mientras los servicios primarios de salud experimentaron un descenso de 0,3 puntos porcentuales", señala el informe.
Las comunidades autónomas tuvieron un peso de 91.004 millones de euros del gasto sanitario público total. Esto representa el 6,1% del PIB y un gasto per cápita medio de 1.890 euros por habitante. De acuerdo con los datos del año 2023, un 46,2% del gasto sanitario público fue originado por tres comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, con 15.963, 14.178 y 11.919 millones de euros, respectivamente. La Rioja, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra son las comunidades con el gasto más bajo, en valores absolutos, al situarse en 599 millones, 1.214 millones y 1.411 millones, en cada caso.
En relación con su población, las regiones con mayor gasto sanitario público son el País Vasco (2.208 euros por habitante), el Principado de Asturias (2.182 euros por habitante) y la Región de Murcia (2.134 euros por habitante). Por el contrario, las comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía (1.648 euros por habitante), la Comunidad de Madrid (1.719 euros por habitante) y la Comunitat Valenciana (1.810 euros por habitante).
El gasto público en salud es fundamental para lograr la Cobertura Sanitaria Universal (CSU). Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 4.500 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a servicios básicos de salud y 2.000 millones se enfrentan dificultades financieras debido a los costos que implica la atención de salud. De hecho, en las últimas dos décadas 1.300 millones de personas han sido empujadas a la pobreza debido al gasto en salud.
Por ello, restar prioridad a este gasto puede tener unas consecuencias nefastas. A pesar de los compromisos políticos para lograr dicha cobertura sanitaria para 2030, más de la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a servicios de salud esenciales.
El informe Gasto mundial en salud: recuperarse de la pandemia publicado por la OMS en 2024 muestra que el gasto público medio en salud por persona en todos los grupos de países según su ingreso disminuyó en 2022 con respecto al año anterior, después de incrementarse durante los primeros años de la pandemia sanitaria.
Más de la mitad del mundo no tiene servicios de salud básicos
Es fundamental proteger a las personas de las dificultades financieras derivadas de los gastos directos de la salud. Dichos gastos, según refleja el informe de la OMS, siguen siendo la principal fuente de financiación de la salud en 30 países de ingreso bajo y mediano bajo. En 20 de estos países, más de la mitad del gasto total en salud del país lo pagaron directamente los pacientes.
Sin embargo, incluso en los países de ingreso alto, los pagos directos de salud generan dificultades financieras e impiden satisfacer necesidades de salud. Los datos más recientes muestran que en más de un tercio de los países de ingreso alto, más del 20% del gasto total en salud lo realizaron los pacientes directamente.
"Algunas estrategias eficaces para fortalecer la protección financiera son: minimizar o eliminar las tasas a los usuarios más necesitados, incluidas las personas con bajos ingresos o enfermedades crónicas, adoptar leyes para proteger a las personas de los costos de salud empobrecedores y establecer mecanismos de financiación de la salud a través de fondos públicos que beneficien a toda la población", señalan desde la Organización Mundial de la Salud.
En el marco de la financiación pública debe presupuestarse un paquete asequible de servicios de salud esenciales que vaya desde la promoción hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, utilizando un enfoque de atención primaria de salud. Las cifras que maneja la organización reflejan que ampliar las intervenciones en atención primaria de salud en los países de ingreso bajo y mediano podría salvar 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de vida en 3,7 años para el año 2030.
Promover una longevidad saludable que pueda reducir la carga que pesa sobre la salud y los cuidados de larga duración es una prioridad. España es el país europeo con mayor esperanza de vida, camino de los 84 años. El Viejo Continente se enfrenta a un profundo cambio demográfico. Las previsiones indican que la proporción de personas mayores de 65 años en la Unión Europea aumentará desde el 21% en 2023 hasta el 29% en el año 2050. Así lo refleja el informe Panorama de la salud: Europa 2024, elaborado por la OCDE. La esperanza de vida a la edad de 65 años es ahora superior a 20 años, sin embargo, más de la mitad de estas personas se ven afectadas por enfermedades crónicas y discapacidades. En la vejez, una parte de la carga de las enfermedades puede evitarse abordando factores de riesgo como el sedentarismo o la obesidad.
La proporción de mayores de 65 años en la UE crecerá al 29% en 2050
"Una acción eficaz en materia de políticas públicas es imprescindible para promover la longevidad saludable dando prioridad a la prevención de enfermedades, en particular mediante la vacunación, apoyando la salud mental en todas las edades y capacitando a las personas para que gestionen su propia salud. Los costes de la inacción, tanto en términos de reducción de los años de vida con buena salud como de la carga económica, son demasiado elevados e insostenibles. Los modelos de proyección indican que un escenario concertado de envejecimiento saludable podría ralentizar el crecimiento del gasto sanitario como porcentaje del PIB en las próximas décadas y contribuir a contener los costes de los cuidados de larga duración, reduciendo al mismo tiempo la demanda de trabajadores sanitarios y de cuidados de larga duración", dice el informe.