Madrid
La farmacéutica Purdue Pharma y la familia Sackler, dueños de esta, han alcanzado un nuevo acuerdo por 7.400 millones de dólares (7.099 millones de euros) para enfrentar la demanda interpuesta contra ellos por su papel en la crisis de los opiáceos y que, en esta ocasión, no blinda en principio a la saga familiar de más juicios sobre este asunto.
Esta farmacéutica creó un medicamento contra el dolor extremadamente adictivo y altamente lucrativo, el OxyContin. Tres veces más potente que la morfina, se benefició de la ceguera selectiva de las autoridades sanitarias para saltarse todos los controles previos a la comercialización. La oxicodona se coló en decenas de miles de hogares, de personas de toda edad y condición, con la promesa de calmar su angustia, pero acabó destruyendo miles de vidas.
En 1996 la farmacéutica propiedad de la familia Sackler -toda una institución en el país- puso en marcha la maquinaria para llevar a cabo una agresiva campaña para comercializar OxyContin, un analgésico opioide contra el dolor crónico que se vendió como menos adictivo que otros ya existentes en el mercado. El éxito fue rotundo y las recetas del fármaco se dispararon en poco tiempo. Por detrás, se creaba un monstruo. Y es que la compañía ocultó, a sabiendas, el riesgo real de adicción para quienes consumieran el medicamento.
Batalla judicial
Aunque por mucho tiempo la farmacéutica toreó cualquier exigencia para rendir cuentas por su responsabilidad en la crisis de salud pública, los juicios se le agolparon. Decenas de ciudades y estados denunciaron a la farmacéutica mientras esta mantenía su negocio intacto. Hay que avanzar hasta 2007 para registrar la primera vez que la empresa de los Sackler se declarara culpable -previo acuerdo laxo con la Justicia- de cargos criminales federales por el etiquetado erróneo del OxyContin, aunque consiguieron esquivar las acusaciones por negligencia severa. El paso por el juzgado se saldó con algo más de 630 millones de dólares en multas y unos cuantos servicios comunitarios que tuvieron que realizar algunos directivos.
Mientras seguían llenándose las arcas con las ventas de OxyContin, acumularon en torno a 2.000 demandas estatales y federales. Pero la credibilidad de los Sackler ya estaba tocada y las instituciones que una vez recibieron su ayuda con gratitud, borraron cualquier vínculo. Para hacer frente a lo que se les venía encima, en 2019 Purdue Pharma se acogió al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos y anunció que los Sackler cederían el control de la compañía para convertirla en un "fideicomiso público beneficiario" con la intención de destinar todas las ganancias a los demandantes.
Steve Miller, que sustituyó en la presidencia a Richard Sackler, perfiló un acuerdo con 23 fiscales estatales de 3.000 millones de dólares por el que la familia no admitiría su actuación criminal ni tendría que afrontar ninguna nueva demanda civil. A cambio, se comprometía a distribuir, de manera gratuita o a bajo coste, medicamentos para el tratamiento de adicciones. Pero el pacto no llegó a fraguarse.
A finales de 2020, la farmacéutica se declaró culpable de obstaculizar el trabajo de las autoridades, comprar a los médicos para que recetaran su fármaco y no implementar medidas para sacar su medicamento de la calle. En un nuevo intento, en 2022 Purdue Pharma alcanzó un acuerdo a nivel nacional que elevaba la contribución de los Sackler, a 6.000 millones de dólares (el doble que en 2019) y les quitaba el blindaje ante posibles nuevas demandas civiles. Además, exigía una disculpa pública que nunca llegó porque el Tribunal Supremo de EEUU bloqueó en agosto de este año el pacto y emplazó a una audiencia oral en diciembre. El alto tribunal admitió a trámite una apelación del Departamento de Justicia, que argumentaba que eximir a los Sackler de responsabilidad civil constituía un "abuso del sistema de bancarrotas que suscitaba cuestiones serias sobre su constitucionalidad".
"La familia Sackler persiguió implacablemente el lucro a expensas de los pacientes vulnerables"
"La familia Sackler persiguió implacablemente el lucro a expensas de los pacientes vulnerables y desempeñó un papel fundamental en el inicio y el impulso de la epidemia de opioides", ha asegurado la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, en declaraciones recogidas por Bloomberg.
"Aunque ninguna cantidad de dinero podrá reparar completamente el daño que causaron, esta afluencia masiva de fondos aportará recursos a las comunidades necesitadas para que puedan sanar", ha añadido.