Madrid
El seguro de los funcionarios vivirá esta semana un momento clave. El Gobierno, comandado por el Ministerio de Función Pública, ultima su nueva propuesta y fuentes cercanas a las negociaciones esperan que sea antes del viernes cuando se conozca la oferta para poder renovar Muface. Desde que se produjo la negativa de las tres aseguradoras que prestan el servicio (DKV, Asisa y Adeslas) a renovar por dos años con un aumento de la prima del 17,1%, los contactos entre ambas partes han sido muy tímidos, por lo que las empresas se encontrarán la propuesta casi sin información previa.
Como adelantó este medio, una solución de urgencia que solucionaría el problema durante un año sería proponer una renovación que incluya un aumento presupuestario del 24%. Sin embargo, la idea que maneja el departamento de Óscar López es sacar una licitación bienal. Lo que es todo una incógnita en estos momentos es el incremento que ofrecerá Moncloa, que a su vez permitirá comprobar si está defendiendo el modelo de mutualismo o lo dejará morir.
Y es que el Ejecutivo, además, juega con la baza de la prórroga forzosa, tal y como dejó entrever en sus declaraciones tras presentar la oferta de hace poco más de un mes. Esta figura, recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, permite a las autoridades públicas a obligar durante un periodo de nueve meses a seguir prestando un servicio aún cuando este está finiquitado por contrato.
De hecho, ayer el Ministerio de Sanidad, que no tiene potestad en la renovación de Muface pero sí en la transición de los funcionarios hacia el sistema público, dio a conocer un informe en el que ya daba por sentado que esa prórroga será un hecho. Para el departamento de Mónica García el fin de Muface es "tanto viable como razonable" por la falta de "sostenibilidad" del sistema, debido a que la población mutualista está más envejecida que la población general. De hecho, señalan que cada vez hay menos jóvenes mutualistas que "compensen" los costes de los mayores.
Por tanto, según se refleja en el documento, en caso de falta de acuerdo, el Gobierno destinaría la financiación que actualmente suministra a las aseguradoras a las CCAA. El objetivo es que estas inviertan estos fondos "con carácter finalista" durante los tres primeros años en los respectivos servicios autonómicos de salud.
En total, la incorporación de los asegurados de Muface al Sistema Nacional de Salud supondría un incremento del 2,1% en el número de personas que reciben prestación pública, una cifra "razonable" para Sanidad. No obstante, IDIS, la patronal de la sanidad privada, está en desacuerdo e insiste en que Muface "reduce la presión asistencial en el sector público y evita el incremento de las listas de espera para consultas externas en un 266%, consultas quirúrgicas en un 115% y más de 5 millones de visitas en Atención Primaria".
Durante la prórroga nueve meses, el área de Mónica García propone una "incorporación paulatina", promoviendo que los pacientes al final de la vida sean "los últimos" en ser traspasados al sistema público.