Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,12%, por encima del 14% que habían ofrecido en un primer momento a las aseguradoras, (Adeslas, Asisa y DKV son las que tienen suscrito hoy por hoy el último contrato), pero por debajo del 24% que éstas estaban dispuestas a aceptar. La oferta por Muface se ha quedado corta y ahora queda esperar la reacción de las empresas aseguradoras y ver si la negociación fracasa o prospera. Durante los últimos días las posiciones se han alejado, dejando a la vista una falla para la que en estos momentos hay difícil solución. Sin embargo, todas las negociaciones tienen ese mínimo hilo para que, llegado el caso, los puentes se puedan volver a construir. Porque a medida que van pasando las horas, el silencio está creciendo hasta hacerse atronador, síntoma claro de que nadie quiere dar por perdido un acuerdo que sería bueno para todos: Gobierno, empresas y, sobre todo, los ciudadanos.
El motivo que subyace tras el desencuentro actual es un cóctel entre ideología política y dinero. Desde Podemos con aquel 'dejar morir Muface', hasta su evolución ideológica actual, Más Madrid, siempre han instado al Partido Socialista a abandonar el sistema y garantizar la cobertura desde centros públicos. De hecho, ha estado firmado, negro sobre blanco, en acuerdos de Gobierno a nivel nacional. Por otro lado, las compañías se han hartado, según denuncian, de perder dinero con el convenio para los funcionarios. Cifran en 200 millones de euros anuales el coste que les supone adherirse al sistema en las condiciones actuales y pidieron un esfuerzo al Gobierno.
La oferta
Este martes el Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros la discusión sobre la oferta que ha presentado a renglón seguido a las empresas aseguradoras. Este periódico publicó a finales de agosto que el Ejecutivo preparaba una oferta récord, pero los pasos posteriores han ido desinflando el interés. En un primer momento se deslizó un 24% de incremento de la prima actual (984 euros de media) de Muface para el primer año de convenio y un 1% más para el segundo curso.
La cifra tuvo una respuesta poco efusiva por parte de las compañías, que seguían considerando la prima alejada de sus pretensiones. Cabe recordar que las aseguradoras considerarían justo un 20% menos que el gasto público per cápita (1.674 euros, excluyendo el gasto farmacéutico, según los últimos datos disponibles), lo que implica subir la prima actual en casi un 50%.
Pero si la primera oferta ya dejó frías a las aseguradoras, la segunda cayó como un jarro de agua fría. La segunda servilleta que dejó el Gobierno en la mesa de las empresas solo contemplaba un incremento del 14%. Sí, diez puntos porcentuales menos. Si ya se pensaba reducir la duración del convenio desde los tres años a los dos perjudicaba a algunas compañías, la última propuesta aboca a más pérdidas aún.
La posibilidad de un acuerdo, por tanto, pasaba por que hoy en el Consejo de ministros recuperase y mejorase algo la primera de las ofertas, la del 24%. Sin embargo, había pesimismo en este aspecto. Se esperaba alguna mejora sobre el 14%, pero no que se llegase a la primera de las cifras. La mejora ha sido del 17,12%, que se distribuye en un 16,5% en 2025 y un 0,62% adicional para 2026.
Las consecuencias
Se trata, a ojos del espectador, de un parche del que quiere hacer una cosa pero sabe que no puede, o al menos no es el momento adecuado. La oferta significa, prácticamente, dinamitar cualquier opción de acuerdo. Es una forma de decirles a las empresas que si bien no creen en el modelo, aguanten un año más para que el Estado pueda hacerse cargo de lo que se le vendrá encima. Porque la peor consecuencia no es cuestión económica, si no social.
La primera pregunta que siembra dudas es qué ocurre si Muface 'muere' en las próximas horas. La respuesta es muy simple, pero las consecuencias de la misma son bastante más complicadas. Los funcionarios públicos que eligieron en su momento ser atendidos por empresas privadas pasarían de la noche a la mañana (en concreto del 31 de diciembre al 1 de enero) a engrosar las listas de la sanidad pública. Este número asciende a 1.680.000 personas en toda España, pero en algunas capitales de provincia, como Ávila o Cádiz, el porcentaje sobre el total de asegurados roza el 30%.
En cifras más concretas, la Fundación IDIS realizó un informe donde se puede observar cuál sería el incremento sobre la presión asistencial que ya de por sí tiene al sistema público de salud al límite. La exhausta atención primaria, por ejemplo, tendría que soportar cinco millones de citas más al año. Otro dato son las listas de espera de consultas externas. Si hoy por hoy en el sistema público el 56% de los pacientes tiene que esperar más de 70 días, con la desaparición de Muface se incrementaría en un 266%, según los datos de la citada patronal.
Los sindicatos en pie de guerra
Tras conocerse la última oferta del Gobierno, que todo el mundo interpreta como la voladura de todos los puentes de entendimiento, los sindicatos mayoritarios en el gremio de los funcionarios saltaron a la palestra. "Estamos muy preocupados por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras de Muface", ha asegurado el presidente de CSIF, Miguel Borra, tras la información de que las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV no acudirán al concurso para la nueva licitación del concierto. Desde CSIF ahondan en que la falta de acuerdo "deja en el aire la asistencia sanitaria que reciben más de 1,5 millones de personas y sus familias" y, por ello, exigen desde el sindicato una financiación adecuada para el nuevo concierto que garantice la calidad sanitaria.
Muface "es un modelo eficaz y rentable como se ha comprobado durante años y que no ha parado de sufrir recortes", ha declarado el presidente de CSIF, que ha emplazado al ministro López a una reunión que dé "garantías" del mantenimiento del convenio con Muface o, de lo contrario, saldrán "a la calle con contundencia".
Destrucción laboral
En la actualidad la sanidad privada tiene una plantilla de alrededor de 300.225 trabajadores. El modelo Muface pende de hilo en términos económicos y su extinción provocaría el cierre de 21 hospitales y destruiría más de 13.062 puestos de trabajo.
En consecuencia, el Estado dejaría de recaudar hasta 82 millones de euros en concepto de IRPF por los despidos, según plasma el informe "Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario", elaborado por la Fundación IDIS y Accenture.
En España más del 55% de los hospitales y el 30% de las camas son privadas. La desaparición de Muface dejaría inhabilitadas 2.140 de las últimas mencionadas y un total de 21 centros podrían cerrar. La Fundación IDIS explica que "en aquellos casos en los que existe más de un centro hospitalario privado en la provincia se ha asumido que uno de ellos desaparecería". Afectaría a todas las autonomías, excepto a Galicia, La Rioja y Islas Baleares.
