La aplicación de dos proyectos legislativos que prepara el Gobierno: la Ley de Residuos y suelos contaminados y el Real Decreto de Envases y residuos de envases amenazan la supervivencia de 2.400 empresas, la mayoría pymes, ponen en riesgo 26.500 puestos de trabajo y conllevan un impacto económico de más de 7.000 millones de euros.
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la consultora Afi, especializada en finanzas, presentado en hoy en Madrid junto con Fiab (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas).
Diego Vizcaíno, socio de Afi, explicó durante la presentación del análisis que la ley de residuos supone un incremento de los costes de las empresas, una caída de márgenes, así como un descenso del consumo y de las ventas. Tendrá un impacto en el empleo y un impacto desigual en el poder adquisitivo de los consumidores.
En lo tocante al Real Decreto de Envases, Vizcaíno ha afirmado que este "obliga a las empresas a abordar cuantiosas inversiones. Es un cambio sustancial en la operativa que no es inocua en términos de costes. Muchas empresas van a tener que adaptar sus líneas de producción a materiales alternativos. En definitiva, es un coste fijo que las empresas van a tener que internalizar, y no todas van a ser capaces de acometer estas inversiones sin perder rentabilidad. Se está poniendo en riesgo la viabilidad económica del sector y los empleos".
En concreto, según el estudio de Afi, afrontar las consecuencias de Ley de Residuos y del Real Decreto de Envases, le costará a la industria alimentaria 7.040 millones de euros y al consumidor 780 millones por impuestos sobrevenidos.
El afectado promedio serán los hogares jóvenes y las familias con hijos menores de 15 años y el impacto será mayor en áreas urbanas de Madrid, el centro y Andalucía. En términos de PIB, se prevé un coste adicional de 1.640 millones de euros, el 6,3% del total, la pérdida de 26.500 empleos, el 6% del total, y la existencia de 2.400 empresas, el 7,1% del total.
El estudio concluye que ambos proyectos legislativos orientados a avanzar hacia la sostenibilidad "no deberían mermar la competitividad empresarial, y, en especial, la de un sector clave para la economía española que emplea cada año a casi medio millón de trabajadores".
Añade que "al exigir más que las directivas europeas, podrían minar la competitividad en tanto que pondrían a las empresas españolas en desventaja respecto a sus competidores del resto de Europa".
Mal momento
Por su parte, el director general de Fiab, Mauricio García de Quevedo, ha señalado que estos proyectos legislativos "llegan en el peor momento", además de que van más allá de la propia directiva europea, por lo que "merman la competitividad de la industria y ponen freno a la necesaria recuperación económica del país".
García de Quevedo hace un llamamiento al diálogo y a la responsabilidad del Gobierno y de la sociedad "para que todos los focos se pongan ahora en salir de esta situación de la mejor forma posible, pero continuar con una agenda legislativa como si no pasara nada y todo estuviera bien, con un impacto en los costes de las empresas y en el empleo creo que no es el momento y no toca". Asimismo, el dirigente reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez retomar la agenda legislativa cuando la situación actual mejore.
La industria de la alimentación y las bebidas ha reiterado que su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular es firme y unánime, pero se requiere de una transición justa, como se está planteando en otras industrias.
"Es imprescindible que el Gobierno y el sector nos sentemos a negociar para llevar a cabo estas medidas, pero sin penalizar a las empresas, sobre todo a las pymes de la España Vaciada, porque este real decreto no solo hace daño al sector sino al conjunto de la economía", recalca García de Quevedo.
