Valencia
El comercio sigue muy lejos de recuperar la actividad anterior a la DANA en los municipios valencianos que sufrieron las inundaciones. Cuando están a punto de cumplirse 5 meses desde la trágica jornada, "cerca del 20% de los negocios todavía no han levantado las persianas", según Rafael Torres, presidente de la patronal Confecomerç y de la Comisión de Comercio de la patronal CEV.
El empresario fue el encargado de hacer balance de la situación en el sector valenciano tras el desastre en el V Encuentro del Comercio CEOE-C4, organizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE en colaboración con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).
Según Torres, el impacto económico para el comercio se estima en daños y pérdidas por 1.700 millones de euros, además de al menos 500 millones de euros de lucro cesante. Pero más allá de esa realidad, el representante del sector alertó del riesgo de que un 25% del comercio de los cerca de 100 municipios afectados en distinto grado puedan cerrar, incluso algunos de los que han reabierto "se han lanzado porque no tienen otra opción", pese a hacerlo en condiciones muy difíciles y en algunos casos con apenas producto.
Torres explicó el drama del pequeño comercio en esas zonas. Según sus encuestas internas, la necesidad media de inversión de cada pequeño comercio afectado se sitúa en 140.000 euros de media. Frente a ese montante económico, sumando las ayudas estatales y autonómicas puede obtener de media unos 20.000 euros. Una situación que está llevando a que muchos no tomen decisiones hasta saber cuándo y cuánto recibirán de indemnización del Consorcio de Seguros. Y en esos casos, las indemnizaciones, por la experiencia previa de catástrofes como Lorca, muestran que no se llega a obtener el 25% de lo cubierto por el seguro.
Torres pidió por ello que se distinga entre las empresas que tienen capacidad por si mismas para recuperarse y las pequeñas y autónomos, o "la que es capaz de sacar la cabeza del agua sola y las que no, porque las pequeñas apenas están pudiendo sacar los ojos".
Para ello reclamó dos medidas urgentes. "Nos preocupa la lentitud del Consorcio de Seguros", repitió Torres, que citó que como primera actuación al Consorcio "pedimos por activa y pasiva un anticipo del 50% de los daños estimados a esas empresas que no son capaces de tirar para adelante solas". Para determinarlas considera que se debería incluir a las que tienen menos de 5 trabajadores o menos de 1 millón de euros de ventas.
En el encuentro también participó la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, que repitió la previsión que anunciaron los máximos responsables del Consorcio hace una semanas en Valencia. El objetivo es que a finales de abril se resuelvan el 95%, con lo que quedarán cerca de 12.000 que acabarán en procesos administrativos o judiciales más complejos y sin fecha.
La otra es más dinero como ayudas directas ante la clara falta de recursos para reabrir. "Necesitamos que las ayudas se multipliquen por cinco", aseguró a la vez que insistió en que no hacía una crítica política y que la Administración "más fuerte es la que más tendría que poner", en clara referencia al Estado.
Exceso de normas
Durante el encuentro se expusieron los problemas del sector también en toda España. En una intervención grabada al no poder asistir, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, criticó la hiperregulación que frena la competitividad, la productividad y la capacidad de generar empleo del sector. "Necesitamos menos leyes, pero de más calidad", reclamó.
El presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE, Ricard Cabedo, recordó que el comercio en España aporta el 13% a la economía nacional y tiene un impacto en el mercado laboral del 17% del empleo. Y también insistió en esa hiperregulación. "Seguimos estando sometidos a una tremenda carga regulatoria, cada comercio en España tiene que atender a 3.000 normas con impacto directo en su actividad. Necesitamos que se reduzcan estas barreras administrativas para que el sector pueda seguir siendo el motor económico y de empleo que es hoy".
Además, añadió que el sector se enfrenta a retos muy importantes en materia laboral como el problema del creciente absentismo, para cuya solución Ricard Cabedo ha reclamado un mayor protagonismo de las mutuas en colaboración con las administraciones públicas para la gestión de los expedientes de los trabajadores.
Por otro, el relevo generacional en el pequeño comercio. A ello se suma la posible aprobación de la reducción de la jornada laboral, que calificó como "mazazo" para el sector.