El consejero delegado de las bodegas Félix Solís, Félix Solis, y el administrador de García Carrión, José García Carrión Jordán, son citados para testificar por una presunta estafa en la comercialización de vinos Valdepeñas entre 2017 y 2019, ya que, supuestamente, no cumplían con los requisitos de elaboración.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tomará declaración este 23 noviembre al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2015 a 2019, Francisco Martínez Arroyo, como testigo. Además, según el auto se le pedirá que entregue "el expediente que se hubiera podido realizar en cuanto a la producción y elaboración de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas en sus distintas categorías entre los años". Un mes más tarde el 4 y 11 de diciembre será el turno de García Carrión y Félix Solís, respectivamente.
Las sociedades mercantiles investigadas (Félix Solís SL, Félix Solís Avantis SA, García Carrión SA y Grupo Vinartis SA) deberán subsanar sus defectos de personación antes de ser llamadas ante el juez. También requiere a dichas entidades que entreguen toda la documentación relacionada con las compras mercantiles de vinos de la Denominación de origen Valdepeñas entre 2010 y 2019, como su precio de compra y venta en las distintas cadenas, como, por ejemplo, en Mercadona, Lidl, Consum, Dia, Condis o Carrefour, entre otros.
Los casos
El auto señala en el caso de Félix Solís, "han llevado a cabo una comercialización de vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas con las menciones crianza, reserva y gran reserva, en cantidades muy superiores a la declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, durante el periodo correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, introduciéndolo en el tráfico económico".
Por otro lado, García Carrión, según el juez, también comercializó vinos tinto con denominación de origen sin cumplir los requisitos. A lo que añade que "en cuanto a su capacidad productiva, los datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado".
Entidades certificadoras
Calama pone el foco también en las certificadoras Sohicert Sa y Liec Agroalimentaria SL porque podrían haber actuado como cooperadores. "Por cuanto la emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad, constituirán una aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación", aclara.
Solo Liec Agroalimentaria SL tramitó entre 2019 y 2020 un total de 23 millones de litros de vino envejecido, cuando, según los registro de Denominación de Origen, no hay barricas suficientes para producir esta cantidad en un año.
