Barcelona
El grupo cárnico Vall Companys todavía arrastra las consecuencias de su uso de falsos autónomos en lugar de trabajadores durante prácticamente una década. Aunque la compañía llegó a un acuerdo con los empleados, agrupados alrededor de cooperativas, para regularizarlos, la Seguridad Social le exige aún casi 80 millones de euros por las cotizaciones impagadas durante los últimos años. El conflicto anda judicializado mientras la factura no para de crecer por los intereses que se acumulan en las demandas del Estado. La compañía ha recurrido, eso sí, y está a la espera de que un juez determine definitivamente si debe pagarlas o no.
El grueso de las peticiones se concentra entre 2014 y 2018, cuando más popular era esta práctica entre las empresas del sector para reducir costes. Para este lustro, se le solicitan 47,6 millones de euros por las cuotas de la Seguridad Social de centenares de empleados de algunas de sus sociedades, como Cárnicas Frivall, Cárnicas Cinco Villas o Avícola de Lleida.
Fue en 2018 cuando la organización controlada por los hermanos Vall Esquerda alcanzó un acuerdo con los sindicatos –que llevaban años denunciando este comportamiento en la industria- y desde 2019 su plantilla ya se encuadra en el régimen general de la Seguridad Social. No obstante, las inspecciones no cesaron entonces y los técnicos denunciaron de nuevo a otras filiales hasta el ejercicio 2022 al volver a detectar a trabajadores que ostentaban la condición de falsos cooperativistas. En este caso, sumando multas e intereses, la partida exigida alcanza los 30,2 millones.
Vall Companys ha logrado que el juez frene la reclamación de deuda como medida cautelar hasta que exista una resolución definitiva
Así, la cifra que demanda el Estado alcanza los 77,8 millones de euros. Como respuesta, la organización presentó distintos recursos para frenar las reclamaciones de deuda como medida cautelar hasta una resolución judicial. Como garantía de pago, avaló la cantidad solicitada. Sin embargo, el montante no está provisionado en sus estados financieros del último año.
Además, fuentes sindicales confirman que no existe ningún enfrentamiento abierto, a pesar de que los inspectores hayan mantenido sanciones a sociedades como Canicas Cinco Villas hasta el año pasado.
A la espera del fallo judicial –la empresa presume de sentencias a su favor en primera instancia-, Vall Companys recuerda que la subcontratación "es una práctica organizativa plenamente legal y frecuente" en el sector cárnico y asegura que el contrato de prestación de servicios de sus sociedades y las cooperativas son "plenamente válidos".
La Audiencia Nacional no reconoce la validez de Servicarne
El problema aquí radica en que la justicia no reconoce por ahora la validez de Servicarne, la cooperativa con la que solía trabajar el conglomerado, como así recoge una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado marzo. "Hemos considerado probado que Servicarne S. Coop no realiza actividad cooperativizada", señaló el tribunal a un recurso presentado por la firma contra una resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
La empresa no obstante luce también sentencias favorables avalando sus prácticas en todas las sociedades en las que tiene la mayoría del accionariado. Asegura además que las reclamaciones de deuda que soporta "son una medida de presión" del Ejecutivo dado que la apertura de un procedimiento judicial debe conllevar la suspensión.
"No tiene sentido que se liquide una deuda, sólo a determinadas sociedades del grupo, si todavía está pendiente de dirimirse en juicio la actuación de las sociedades en relación a la contratación con las cooperativas de la que se deriva esta deuda", sostiene. Además, recuerda que no ha impagado ninguno de sus compromisos al encontrarse pendientes de resolución.
Vall Companys se alía con las patronales
Vall Companys no solamente ha recurrido judicialmente las decisiones. La empresa ha iniciado otro camino de la mano de las patronales avícola y del sector porcino en España en el que está "llevando a cabo actuaciones al más alto nivel" para encontrar una solución al conflicto entre el sector cárnico y la administración. "Muchas empresas han recibido estas actas de la Dirección de la Seguridad Social, provocando una incertidumbre e indefensión muy relevantes", señala.