Glovo encara multas de más de 200 millones de euros por el uso de falsos autónomos sin haber hecho ninguna provisión para ello. A la espera de que la empresa pueda cambiar de criterio y anunciar un cambio de estrategia mañana durante la presentación de resultados de su matriz alemana, Delivery Hero, hasta ahora, según su último informe de resultados, mantiene que "la complejidad del caso y el considerable número de variables hacen imposible cualquier cuantificación del riesgo en la fecha actual".
Así, la firma no ha registrado ninguna provisión ni por las sanciones impuestas, ni por las actas no liquidadas e impugnadas pendientes de resolución ni por los periodos no incoados abiertos, ni por los procedimientos en los que se encuentra inmersa tanto en España como en Italia.
De hecho, Deloitte, la firma que ha supervisado sus últimos estados financieros, correspondientes a 2021, puso ya una salvedad por ello al asegurar que "durante el transcurso de nuestro trabajo, no hemos dispuesto de información que nos permita satisfacernos de la provisión que sería necesaria registrar al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 para hacer frente al impacto de las contingencias descritas".
La última multa impuesta por la Inspección de Trabajo el pasado mes de enero a la compañía por valor de 57 millones de euros por irregularidades con sus repartidores en Madrid, ha elevado el importe en concreto de las sanciones a las que se enfrenta Glovo a 205,3 millones en multas, lo que supone algo más de un tercio de sus ingresos, que en 2021 ascendieron a 595,1 millones de euros.
Tras la entrada en vigor de la Ley Rider el año pasado y tras las diversas denuncias de operadores de la competencia como Uber Eats y de las sentencias en contra de la compañía por emplear falsos autónomos como repartidores, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz avisó a la tecnológica de que nadie se escaparía del cumplimiento de la norma.
Código penal
La vicepresidenta segunda ha dado un paso más al recordar a Glovo que que la última reforma del código penal contempla penas para estas conductas. Trabajo anunció en este sentido la pasada semana que prepara la elaboración de un nuevo escrito contra la compañía basado en la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal, el cual permitirá castigar los incumplimientos reiterados de requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey recomendó a Glovo la semana pasada que aplique "estrictamente el ordenamiento jurídico español" y garantice los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores.
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