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Trabajo elaborará un escrito contra Glovo para castigar su reincidencia

  • Pretende castigar los incumplimientos reiterados de requerimientos realizados por trabajo
  • La compañía acumula 205,3 millones de euros en multas en España

La plataforma de delivery Glovo continúa con sus problemas judiciales en España. El Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de anunciar que prepara la elaboración de un nuevo escrito contra la compañía basado en la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal, el cual permitirá castigar los incumplimientos reiterados de requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha explicado, en la rueda de prensa de los datos del paro de este jueves, "que el Ministerio ya trabajó en enviar esas conductas a la Fiscalía pero, ante la modificación de algunos artículos del Código Penal, ha decidido presentar un nuevo documento sobre la base de la nueva legislación penal"

Por su parte, la compañía de reparto ha alegado que, ante la nueva reforma el Código Penal, las sanciones impuestas antes no pueden aplicarse con carácter retroactivo.

Pérez Rey ha replicado que "es evidente que las leyes penales no son retroactivas", pero ha aclarado que la nueva redacción del artículo 311 "es muy clara" y castiga "los incumplimientos reiterados posteriores a una exigencia o reclamación por parte de la Inspección de Trabajo".

"No es tan importante cuándo se produjeron los incumplimientos, sino el hecho de que no se reparen, a pesar de que la Inspección insista a la empresa a que lo haga. El incumplimiento se produce por no atender a la Inspección de Trabajo y no por haber negado la condición de trabajadores, se haya producido cuando se haya producido", ha señalado el secretario de Estado.

Pérez Rey también ha comentado que el Ministerio ha advertido "en reiteradas ocasiones" a Glovo por su comportamiento "tenazmente incumplidor" de las leyes laborales. La compañía acumula 205,3 millones de euros en multas en España.

El secretario de Estado de Empleo ha recomendado a Glovo que aplique "estrictamente el ordenamiento jurídico español" y garantice los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores.

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