El juez que investigaba la denuncia por estafa presentada por 31 franquiciados de Restalia, propietario de marcas como 100 Montaditos o The Good Burger, ha decretado el sobreseimiento provisional abierto el año pasado contra 29 sociedades vinculadas al holding de restauración por contener "imputaciones sin ninguna clase de fundamento".
El Juzgado de Instrucción 52 de Madrid investigaba al dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, a la propia sociedad y varias de sus filiales, así como a una veintena de responsables del grupo por presuntamente estafar a decenas de franquiciados en España además de imputarles otros delitos como el de organización criminal, coacciones o delitos informáticos.
La denuncia presentada por el despacho Rafael Franco Abogados aseguraba que los representados habían sido perjudicados por el grupo español de restauración organizada por un valor total de 19,7 millones de euros. Ahora, el juez encargado de la investigación asegura en un auto que "la denuncia contiene un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales".
Asimismo, el juez no aprecia "elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno" por parte de Restalia y asegura que "lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma".
Reacción de la compañía
Tras conocerse la noticia, Restalia ha emitido un comunicado en el que recuerda que siempre ha mantenido que las informaciones vertidas sobre el procedimiento judicial faltaban gravemente a la verdad y que "el único objetivo era dañar la imagen y reputación de una compañía comprometida de manera firme y constante con sus franquiciados". El archivo del caso, prosigue, confirma que ni Restalia ni ninguno de sus directivos cometieron delito alguno, habiendo actuado siempre con plena sujeción a la ley.
Tal y como aseguraron desde que se conoció la denuncia en junio del año pasado, el grupo recuerda que ninguna de las empresas del grupo ni sus empleados y/o directivos ha llegado a formar parte del procedimiento judicial ni ha recibido notificación alguna por parte del juzgado. En este sentido, la compañía recuerda que "siempre ha estado en una posición de absoluta indefensión mientras se publicaban noticias filtradas por los interesados totalmente sesgadas que han causado un daño muy relevante, no solo a Restalia, sino también a los cientos de franquiciados que mantienen sus negocios abiertos".
Al final de su declaración, Restalia anunciad que "emprenderán las acciones de cualquier índole que consideren oportunas frente a la intencionada campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo y de reclamación de los perjuicios que estas actuaciones han ocasionado".
