Retail - Consumo

Un juez investiga por presunta estafa al dueño de 100 Montaditos y La Sureña

  • Un grupo de 31 franquiciados de Restalia acusan al holding de causarles más de 19 millones de perjuicio inicial
  • El juez investiga a un total de 24 responsables del grupo, incluyendo a su fundador José María Fernández Capitán
  • Restalia ofrece su colaboración con la Justicia y recuerda que en 22 años no se ha enfrentado a procedimientos penales

El Juzgado de Instrucción 52 de Madrid investiga al dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, a la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos y The Good Burger, así como a una veintena de responsables del holding por presuntamente estafar a decenas de franquiciados en España.

El magistrado David Suárez ha dictado un auto en el que acuerda abrir diligencias previas contra 29 sociedades pertenecientes o vinculadas con Restalia, entre ellas Pepe Taco, Panther Juice & Sandwich Market y La Sureña además de las ya citadas.

Pero también contra 24 responsables de empresas del grupo entre asesores, directores y administradores, tras una denuncia presentada por el despacho Rafael Franco Abogados por delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.

En el escrito se encuentran representados 31 establecimientos franquiciados que se corresponden con las marcas The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña y Sureña Blue localizados en varias localidades de nueve comunidades autónomas que han sufrido un "perjuicio inicial" que cifra en 19,7 millones de euros.

El escrito considera a los denunciados como parte de una "organización criminal" que, bajo la marca Restalia, que cuenta con una red de 780 establecimientos, actuaron "con engaño suficiente y bastante" hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados a "la ruina económica", en virtud de un modelo que ya sido perseguido por la Justicia de EE UU por prácticas próximas al fraude.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que "los denunciados ocultaron, de manera deliberada, a lo franquiciados la existencia de acuerdos con proveedores que suponía, en definitiva, que la franquicia resultase inviable".

Y previamente a la firma de los contratos, continúa, se sumaron "unos estudios de viabilidad irreales con los que consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar, extremo que ciertamente, los denunciados conocen" y que explica que "la media de cierres de franquicias en el grupo Restalia es de unos cien anuales".

Restalia responde

Tras conocerse esta información, el grupo de restauración ha emitido un comunicado en el que en el que indica que, hasta el momento, no tiene constancia ni ha recibido denuncia ni citación alguna y recuerda que, en sus 22 años de historia, la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y que cumple, rigurosamente, la regulación vigente. En este sentido, manifiesta, "la absoluta tranquilidad de haber actuado de manera transparente y acorde a los contratos y acuerdos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones".  

El grupo recuerda que siempre se ha posicionado al lado de sus franquiciados: "El último y mejor ejemplo es la activación de un extraordinario y amplio paquete privado de ayudas, único en el sector, valorado en más de 7 millones de euros que incluye, entre otras medidas, un plan de contención de precios en materias primas ante a las oscilaciones inflacionistas en el mercado". Restalia recuerda que su iniciativa también incluía medidas como la bonificación del 100% del royalty y la creación de un Departamento de Soporte y Apoyo Restalia (S.A.R); descuentos y ayudas en los productos estratégicos de la compañía; mejoras en la forma de pago a los proveedores, o una bonificación de hasta el 50% del coste del delivery.  

"Por supuesto, respetamos el procedimiento judicial y colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho", concluye.

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