Carrefour se adelanta al resto de la distribución y se reunirá este jueves por separado con la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, así como con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para hablar sobre un posible tope al precio de los alimentos. La reunión, según explicó este miércoles la ministra, se produce a petición de la propia cadena de distribución francesa y después de que se supiera que hay otra reunión prevista de todo el sector el próximo lunes.
Carrefour es el segundo operador en alimentación en España con una cuota de mercado del 9%, por detrás de Mercadona, con un 25%, y ha limitado ya el precio de 100 alimentos en Francia para hacer frente a la inflación.
En nuestro país, la compañía francesa ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una cesta básica de 30 productos a un precio fijo -30 euros-, una iniciativa que mantendrá entre el 12 de septiembre y el 8 de enero de 2022 y con la que pretende "aliviar" la situación de las familias que, al limitarse su poder adquisitivo, han cambiado "de forma drástica" sus pautas de consumo.
Díaz se reunirá el próximo lunes 12 septiembre en Madrid con las principales asociaciones de la distribución española para abordar la posibilidad de poner un límite a una cesta básica de alimentos, en la que se incluirían productos como la fruta, el pan, la leche o los huevos.
Entre las asociaciones convocadas que han confirmado su asistencia al encuentro, está Aces, la Asociación Española de cadenas de supermercados, a la que pertenecen cadenas como Alcampo, Carrefour, Eroski o Supercor. Igualmente, lo hará Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), entre cuyas empresas asociadas se encuentran Alcampo o Carrefour.
Asimismo, acudirá a la cita, que tendrá lugar en el ministerio de Trabajo a la 11,30 de la mañana, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que representa a más de 19.000 tiendas de prácticamente todas las cadenas. Su director general, Ignacio García Magarzo, ya se mostró ayer martes "abierto al diálogo con "cualquier parte del Gobierno y de la administración", siempre que sea en base a datos ciertos y reales".
El responsable la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que agrupa entre otros a Mercadona, Lild o Dia, señala que comparten la "preocupación por los precios" y recuerda que llevan meses pidiendo medidas urgentes como la bajada del IVA en algunos alimentos. No obstante, para el dirigente de la principal patronal de los supermercados hay una línea roja de cara a las negociaciones: "que se respete el límite al derecho a la competencia", al tiempo que recuerda que la cadena de valor del gran consumo lleva "mucho tiempo conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores".
Díaz insiste en su idea de topar una cesta básica de la compra pese a no contar con el apoyo del Gobierno del que forma parte. Su titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha pronunciado diciendo que un impuesto a la distribución no sería ni legal ni deseable.
La titular de trabajo pretende que en la reunión del lunes, tanto consumidores como distribuidores fijen una cesta de la compra básica que incluya entre 20 y 30 alimentos, algo que, dice, "sería absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, porque, asegura, no se regularía mediante una ley, sino que se fijaría con un pacto entre las partes".
Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha descartado este miércoles fijar un precio máximo a los alimentos básicos "En ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios", ha señalado la ministra de Hacienda en una entrevista en 'El Programa del verano' de Telecinco, recogida por Europa Press.
Pese a que a que Díaz insistió ayer mismo que el Gobierno está estudiando un acuerdo con la gran distribución y los consumidores para topar los precios de los alimentos básicos, como el pan, la leche, los huevos o la fruta, Montero ha señalado que no se plantea "una regulación de esos precios".
La ministra de Hacienda ha defendido que el Gobierno sigue atento a que la empresas no trasladen los precios al consumidor final. "El Gobierno no va a permitir que en esta crisis no haya una distribución justa de las cargas, de ese esfuerzo, y, por tanto, aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis, se les pedirá un mayor esfuerzo", ha remarcado.
Rechazo de los agricultores
Las principales organizaciones agrarias tampoco apoyan la iniciativa de la vicepresidente segunda. Así, la organización agraria Asaja ha considera que limitar los precios de ciertos alimentos básicos castigará a los productores. Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, poner un tope a los precios de ciertos alimentos básicos de la cesta de la compra va a tener como consecuencia que, "por abajo, se va a castigar al que más sufre los precios percibidos por los productos" agrícolas, esto es, a los agricultores y ganaderos.
En el mismo sentido se pronuncia Unión de Uniones de Agr¡cultores y Ganaderos, que estima que es necesario conocer el detalle de la propuesta y medir el impacto que tendría su aplicación sobre el conjunto de la cadena antes de valorarla adecuadamente.
la organización se ha dirigido por escrito a Díaz recordándole que, pese a los cambios introducidos, la Ley de la cadena alimentaria "sigue adoleciendo de graves ineficiencias que no están siendo capaces de corregir los importantes desequilibrios existentes entre la capacidad de negociación de los productores primarios y las grandes firmas de la industria y la distribución, que son las que manejan del mercado desde una posición de dominio del mismo".
Apoyo de las organizaciones de consumidores
El secretario general y portavoz de la organización de consumidores Facua, si apoya la iniciativa de Díaz, al considerar justificada la intervención de los precios en ciertos alimentos básicos como una medida "extraordinaria" con vistas a reducir la especulación, y que se trata de aumentar la lista de sectores sobre los que el Gobierno podría llevar a cabo medidas intervencionistas para reducir la especulación, como ya se ha hecho con el gas, las comisiones bancarias o el precio de las mascarillas.