Las reacciones en el sector hostelero ante el cambio que ha introducido Glovo de manera unilateral en el sistema de facturación de los servicios que prestan sus 'riders' a los restaurantes se siguen sucediendo.
Empresarios de la restauración organizada aseguran que la tecnológica ya viene aplicando desde hace tiempo este nuevo método a una parte del sector. Principalmente, a las cadenas de tamaño medio o pequeño, con menor capacidad de presión que otras grandes marcas de la industria.
Uno de los directivos afectados por la medida acusa a Glovo de actuar "de manera prepotente, dando por hecho que no tenemos de margen de negociación con ellos sobre las nuevas condiciones que imponen" a unos clientes que podrían incurrir en responsabilidades civiles en caso de accidente de uno de estos falsos autónomos a los que no han contratado y que, además, no cuentan con libertad real para fijar sus tarifas.
En este sentido, según ha podido saber eleconomista.es, los 'riders' tienen a su disposición en la app Glovo Couriers un sistema de variación de precios sobre el estándar inicial que marca la tecnológica y que denominan 'modificador'. Con esta herramienta, los repartidores pueden ofrecerse para un reparto fijando su tarifa un 30% por encima o por debajo del que se marca inicialmente. Luego es el algoritmo de Glovo el que establece a qué autónomo se asigna el servicio. "Este sistema, como era de esperar, acaba por premiar con más pedidos a aquellos repartidores que tarifican sus servicios a la baja", recuerda este empresario.
"Se trata de una forma fraudulenta de cumplir con la 'Ley Rider' que hace que muchos de estos repartidores autónomos ganen aún menos dinero que antes de su entrada en vigor. No se entiende que el Ministerio de Trabajo no haya tomado cartas aún en este asunto", señala el empresario.
Silencio de Trabajo
Este ministerio, integrado en el comité con potestad para frustrar la venta del unicornio español al operador alemán Delivery Hero, mantiene silencio en torno a las acusaciones de fraude sobre las prácticas de Glovo. En el caso de Uber Eats, éstas se formalizaron en una carta remitida a su titular, la vicepresidenta Yolanda Díaz, el pasado mes de marzo. La toma de control de la empresa germana, anunciada a comienzos de año, debe recibir el visto bueno de las autoridades españolas en próximas fechas tras haberse comprometido por escrito a cumplir la 'Ley Rider'.
Otras voces del sector, más allá de la polémica surgida entre los diferentes operadores de delivery y de la restauración, recuerdan que el interés general del Estado debería encaminarse a no poner en peligro una actividad que se ha mostrado fundamental para una industria con tanto peso económico como la hostelería. Asimismo, reclaman de las autoridades la flexibilización del mercado para que la normativa se adapte a una nueva realidad surgida de una actividad como la del reparto a domicilio.
