Varias defensas han admitido en las dos últimas sesiones del juicio del procés que los acusados cometieron un delito de desobediencia, sin penas de prisión, pero han negado categóricamente que hubiera malversación, sedición ni esa versión "posmoderna" de la rebelión que la Fiscalía "innova" sin ejército ni armas ni alzamiento violento tumultuario. Así ha transcurrido el juicio del procés durante estos cuatro meses.
Una semana después de escuchar a las acusaciones, el tribunal del procés ha dado paso a los informes orales de los letrados. Los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Carles Mundo han sido los que han abordado este martes en primer lugar y desde puntos de vista divergentes la "absurda" acusación de rebelión de la Fiscalía que a partir de "tres casos de violencia" construye el "apocalipsis".
Los cuatro meses de juicio han servido a las defensas para reconocer que en otoño de 2017 sí que se delinquió en Cataluña. Hubo desordenes públicos, resistencia a la autoridad y una "desobediencia de manual" que todos admiten salvo el letrado de Mundó, ya que las resoluciones del Constitucional nada tienen que ver con su cliente porque nunca ostentó la condición de diputado del Parlament.
El problema, según el letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, es que "se está confundiendo la desobediencia con la rebelión" porque "rotundamente" no se dieron la condiciones que exigen el tipo de la rebelión. Ni hubo violencia ni se proclamó la independencia.
Porque la rebelión exige violencia "explícita" y "no la violencia normativa o potencial" que caracteriza a la interpretación "posmoderna" que hace la Fiscalía para innovar una rebelión sin armas y sin entrar en combate. "Solo ruido y exageración", ha resumido Van den Eynde, el único que ha hablado de "causa general".
Aunque quien mejor lo ha resumido ha sido Jordi Pina, letrado de Turull, Rull y Sànchez: "¿La violencia para alcanzar la separación de un territorio de un país son escupitajos, lanzamientos de vallas, tres piedras o un discapacitado que lanza patadas en el suelo? ¿Eso es la violencia necesaria para doblegar al Estado cuando los tipos penales hablan de armas, tropas, fuerza armada y fuego?".
Todos han rebatido a la Fiscalía cuando calificó de "golpe del Estado" lo sucedido en Cataluña porque un delito tan grave como la rebelión exige una respuesta del Estado a la altura y el Gobierno no impulsó un estado de excepción ni movilizó al Ejército ni reforzó las infraestructuras críticas.
De manera que, como ha dicho el letrado de Forn, Xavier Melero, "lo que no se puede hacer es trivializar el concepto de violencia" porque "es una falta de respeto a los muertos de todos los conflictos militares".
"Indignación, la que quieran. Violencia, cero", ha enfatizado Van den Eynde, para quien lo que construyen las acusaciones no es más que una "falacia", basada en "coger dos imágenes y montar una categoría" poniendo como ejemplo los vehículos de la Guardia Civil el 20-S: "Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis". A su juicio, salvo "tres casos de violencia" impulsada por "grupúsculos" lo que sucedió fue que "la gente salió un día a protestar y otro a votar", sin intención de "derrocar" al Estado.
Con vehemencia, Pina ha afeado a los fiscales que no hayan precisado en qué momento se pone en marcha el delito de rebelión que requiere como condición sine qua non un alzamiento público violento de la ciudadanía y sin ello "no tenemos nada más", solo "protestas".
Para desactivar la rebelión no solo han desmontado la violencia sino que han rebajado el tono de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Melero ha sido el más categórico. "Digan lo que quieran" los políticos, ha dicho el letrado de Forn, "el Govern no hizo ninguna declaración de independencia" formal porque "no tenía capacidad para imponer por la fuerza ningún marco normativo" y el ejemplo más evidente es que "el 155 fue acatado de inmediato, funcionó perfectamente".
Los letrados también han tratado de desarmar la acusación de malversación, aunque han sido Pina y Josep Riba, letrado de Mundó, a quienes ha correspondido combatir las tesis de las acusaciones
Pina ha reprochado a la Fiscalía que dijese "injustamente" que los acusados hicieron de la Generalitat su "cortijo" cuando, a su juicio, la malversación no tiene cabida al no haberse probado que haya facturas, encargos o compromiso de gasto; mientras que Riba ha dicho que lo único que se le puede imputar a Mundó es haber dado la orden de no gastar "ni un céntimo de euro" para el referéndum.
En consonancia con Pina, aunque dedicándole mucho menos tiempo a este delito, Van den Eynde también ha negado que los gastos imputados a sus clientes fuesen a parar al 1-O, y Melero ha recordado que los gastos del departamento de Forn fueron aprobados por el Gobierno.
Como cierre de sus alegatos, Van den Eynde ha resaltado la oportunidad del tribunal de "devolver la pelota a la política"; Melero se ha remitido a la película "Amanece que no es poco" para confiar en que sea posible reconstruir una España "en la que solamente nos discutamos por William Faulkner"; y Pina, tras pedir la libertad de sus clientes , les ha dicho: "Sea cual sea la sentencia podéis estar tranquilos, sois gente de paz".
En la sesión de este miércoles, el grueso de las defensas restantes también ha admitido que hubo desobediencia. Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart ha defendido la movilización del 1-O como "el ejercicio de desobediencia más grande de Europa".
En defensa de su patrocinado, Roig ha asegurado que la detención del líder de Òmnium Cultural fue "arbitraria" porque se efectuó durante el ejercicio del derecho de reunión "pacífica" y ha criticado la "criminalización" del derecho de participación colectiva que la Fiscalía ha hecho sobre las concentraciones en Cataluña en otoño de 2017.
"No es posible sostener la violencia" para poner en "jaque" el sistema constitucional, ha destacado la letrada empujando contra el delito de rebelión. "Hubo 1.000 heridos" y un uso "desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos", así como "incidentes aislados", ha reconocido, en algunos centros de votación, que, a su juicio, no pueden sostener el delito de rebelión o de sedición.
Por su parte, Olga Arderiu, abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha afirmado en sus conclusiones que su representada no ha cometido ningún delito. Asimismo, ha denunciado que "se la juzga por quien es, no por lo que hizo", y ha asegurado que en el hipotético caso de que hubiera incurrido en desobediencia, ese comportamiento también se le puede atribuir al Gobierno del Estado, que ha "desobedecido 34 sentencias del Tribunal Constitucional".
En su alegato final, la letrada ha dicho no entender "la diferencia entre Forcadell y el resto de miembros de la Mesa (del Parlament)", ni por qué "está siendo juzgada aquí por rebelión y se le solicitan 17 años de cárcel, mientras que sus compañeros están siendo procesados por desobediencia". A su entender, "las acusaciones han querido en todo momento exagerar su actuación: ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no ha hablado, se han inventado tuits... Se la juzga por quien es, no por lo que hizo".
Entrando al detalle, Arderiu ha insistido en que a lo largo del juicio "no nos ha quedado claro qué día fue el supuesto alzamiento" que le atribuye la Fiscalía. "En el peor de los casos podemos ver si la conducta se incardina en el delito de desobediencia", que no está penado con pena de prisión, a diferencia del de rebelión que le atribuye el ministerio fiscal, que pide para ella 17 años de cárcel.
Mariano Vergés, abogado de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, ha negado que hubiera violencia durante el otoño de 2017 en Cataluña. "No hubo un golpe insurreccional en el 1-O. Fue un 'procés' político y jurídico (…) El orden constitucional no corrió peligro" en ningún momento, ha asegurado.
Como ya hicieron antes los otros letrados, Vergés ha criticado que los hechos sucedidos en el otoño de 2017 se han "sobredimensionado" con afirmaciones de la Fiscalía que sostiene que "la Constitución se había liquidado" y que "se hizo con violencia suficiente", aunque después, ha explicado el letrado, "habló de una violencia 'soft', una violencia normativa, una desobediencia jactanciosa, un alzamiento normativo".
La Fiscalía acusa a Bassa de rebelión y pide para ella 16 años de prisión. Los esfuerzos del letrado se han centrado en demostrar que no existen evidencias de tal delito. Para ello, ha incidido en que el Gobierno de Mariano Rajoy no se vio obligado a declarar el estado de sitio porque los acontecimientos "no fueron suficientemente graves ni fueron una amenaza suficiente para el orden constitucional".
Según Vergés, como ha dicho Melero, la declaración del estado de sitio es el "baremo fundamental" que permite identificar "un alzamiento rebelde". Sin embargo, en este caso "bastó con aplicar el 155", un mecanismo que expertos juristas consideran "un instrumento normal de control estatal".
La excepción de Vila
Por último, Juan Segarra, abogado del exconseller de Empresa Santiago Vila, que se enfrenta a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y desobediencia, ha insistido este miércoles en el juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo que su cliente dimitió "frustrado" al no conseguir una "solución dialogada" para declarar la independencia de Cataluña. Asimismo, ha destacado que en el gobierno de Carles Puigdemont no existía "consenso".
La defensa de Vila ha sido la última en exponer sus conclusiones finales, en la que ha pedido la absolución de su defendido subrayando que no es posible "presumir y sostener el conocimiento, el consentimiento y el acuerdo para una actuación conjunta de todos los acusados", tal y como , según ha dicho, han hecho las acusaciones. "Esto es desconocer abiertamente la verdad", ha añadido Segarra.
El abogado ha hecho un alegato defendiendo que Vila se desmarcó de las intenciones unilaterales de declarar la independencia. Asimismo, ha diferenciado las funciones de cada uno de los acusados y ha recordado que no era diputado del Parlamento de Cataluña, sino que tan sólo formaba parte del Gobierno. "Las acusaciones no distinguen porque no les interesa quién aprueba las leyes y quien aprueba los decretos", ha dicho. En este sentido, ha indicado que es independiente que el Parlament aprobase unas leyes y a raíz de ello el Govern aprobase un decreto.
