La Sección Cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad este martes suspender cautelarmente la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, que el Gobierno pretendía llevar a cabo el próximo 10 de junio.
La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -entre ellos la familia del dictador- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan.
Con esta decisión el Supremo no se mete a analizar el fondo del asunto, sino que simplemente decide admitir la cautelar de los descendientes del dictador y que también solicitaron la Fundación Franco y la comunidad benedictina del Valle de los Caídos.
Lo que se quería evitar es que un rechazo a la cautelar implicase una exhumación inmediata según los planes del Gobierno para que luego dentro de meses o incluso un año, se den por buenos los argumentos de los Franco y se tenga que volver al punto de partida, lo que supondría un nuevo traslado de los restos del dictador a la citada basílica de Cuelgamuros.
En el último párrafo de su escrito, el Alto Tribunal no discute el interés general de la medida adoptada en Consejo de Ministros y adelanta que resolverá en un plazo razonable: "No hay duda de que en los acuerdos del Consejo de Ministros que han dispuesto la exhumación [...] y que se trasladen los restos mortales de don Francisco Franco Bahamonde al cementerio de El Pardo-Mingorrubio está también presente el interés general. El que expresa la Ley 52/2007. Pues bien, teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable. Por tanto, los intereses públicos vinculados a la exhumación que ahora suspendemos no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar".
Moncloa acata la medida
La reacción de Moncloa a la suspensión no se ha hecho esperar. Según el gabinete de Pedro Sánchez, la medida cautelar acordada por el Supremo implica que el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte Sentencia sobre el fondo del asunto.
"No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte", señalan las fuentes del Ejecutivo.
"Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco", añaden desde la Secretaría de Estado de Comunicación.
Los magistrados, señalados
Los magistrados que han acordado la suspensión cautelar son Pablo María Lucas, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, Celsa Pico y José Luis Requero, a quienes la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica señala por su relación con el letrado Santiago Milans del Bosch, estrecho colaborador de la fundación Franco y cuyo bufete defiende intereses de la familia del dictador".
La Asociación ha presentado al Consejo General del Poder Judicial una queja avisando de que la Sección Cuarta "podría tener su imparcialidad comprometida" por "la estrecha relación" de Requero con Milans del Bosch, - el magistrado es padrino de una de las hijas del letrado- por lo que consideran que el juez debería abstenerse en la decisión.
