Los letrados del Congreso avalan en el informe elaborado a propuesta de la Mesa de la Cámara la suspensión de los cuatro diputados en prisión preventiva por el proceso independentista en Cataluña por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Mesa del Congreso, que se reúne a las 12:30 deberá tomar una decisión este mismo viernes que apunta hacia la anulación de la actividad parlamentaria de los encausados.
Los letrados descartan que la suspensión se realice en base al Reglamento del Congreso de los Diputados al "no concurrir la totalidad de los elementos requeridos" ante la falta del suplicatorio que el Tribunal Supremo rechazó solicitar. "Si en esta fase procesal el Tribunal Supremo ha entendido que no ha lugar a la solicitud de un suplicatorio [...] tampoco resultaría aplicable la suspensión derivada del referido artículo (21.1.2º) cuando el diputado adquiere su condición de tal, firme ya el Auto de procesamiento", apunta el informe, en el que también se esboza un reproche a TS por pretender que ignore la exigencia del suplicatorio.
Así, aprueban la suspensión mediante el artículo 384 bis de la Lecrim considerando "implícita" la comunicación del Supremo para activar esta vía ante una respuesta concreta.
El futuro parlamentario de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull ha protagonizado el inicio de la andadura de la XIII Legislatura. La presión de PP, Ciudadanos y Vox, que exigen desde la constitución de las Cortes la suspensión inmediata de los cuatro, y la insistencia del Tribunal Supremo en indicar a Meritxell Batet que no le corresponde tomar la decisión, hacen que la presidenta del Congreso juegue contrarreloj en un escenario regido por el próximo 26-M.
La primera reunión de la Mesa del Congreso, celebrada este jueves, se zanjó con la petición de dicho informe para contar con todas las garantías jurídicas sobre el artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, al que parecen abocados los diputados encausados por el procés catalán, y del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que Manuel Marchena se niega a aplicar desde el Supremo. El del Reglamento de la Cámara alude a la petición del suplicatorio previa a la suspensión, lo que el Supremo ha descartado pedir porque el proceso está en curso.
La petición del informe fue, además, una forma de ganar tiempo en medio de las insinuaciones de prevaricación que llegan a la presidenta del la Cámara desde los partidos de la derecha. Batet dijo ayer que no quería motivar ninguna decisión porque el Congreso no puede adoptarlas de manera "discrecional" ni "en ningún caso, política"; tiene que estar amparada por el ordenamiento jurídico.
La previsión es que el órgano de gobierno "esté en condiciones" de tomar la decisión este viernes, informe en mano, y llegar al 26-M con la suspensión efectiva. La fecha no cuadra a unos -tanto PP como Cs creen que se ha retrasado de más y amenazan con pedir la dimisión de Batet- ni a otros. Los representantes en la Mesa de Unidas Podemos, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello, manifestaron su contrariedad por la convocatoria de la segunda reunión tan solo 24 horas después, sin tiempo para analizar las conclusiones de los letrados del Congreso, según contaron a Efe fuentes conocedoras de la reunión.
