La Generalitat de Carles Puigdemont gastó 17 millones de euros en la creación de la Hacienda propia de la República catalana que buscaban instaurar "como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán" y tenía estimado destinar otros 500 millones para el despliegue completo y una estrategia para gestionar las pensiones y prestaciones sociales que ahora hace la Tesorería General de la Seguridad Social, según un informe de la Guardia Civil.
Ese informe, entregado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona donde se investiga tanto la constitución de estructuras de Estado en Cataluña como la implicación de los cargos de segundo nivel de la Generalitat en el 1-O, distribuye los 17 millones entre los siguientes gastos: 200.000 euros para el desarrollo del Código Tributario; 7,8 millones en el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal; 4,5 millones para el despliegue territorial de la administración tributaria y 4,92 millones en la implementación del sistema e-Spriu, al menos en las seis fases iniciales.
Los datos aparecieron en un pendrive que fue incautado al Secretario de Estado de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, del equipo del exvicepresident Oriol Junqueras. Se trata de un documento de trabajo realizado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que está siendo juzgado desde hace dos semanas en el Tribunal Supremo, entre otros delitos, por el de malversación de fondos públicos.
Se trata de "paso intermedio" para ir implementando muchas otras con el objetivo último de "crear el Estado catalán
El citado texto contenía las medidas de coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán y que afectaban básicamente al ámbito tributario. Para la Guardia Civil, aunque algunas de las medidas se "integran en la vía autonómica", éstas suponen un "paso intermedio" para ir implementando muchas otras con el objetivo último de "crear el Estado catalán y garantizar la viabilidad económica". Como muestra de ello, apuntan, en el documento de vicepresidencia se van cuantificando los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para su implementación y la normativa por la cual se regularían.
Las medida que se plantean están relacionadas con el desarrollo de la estructura jurídica del Código tributario de Cataluña, la estructura organizativa de la administración tributaria, la implementación del sistema de gestión e-Spriu, las bases de datos fiscales, los convenios tributarios internacionales, el desarrollo de competencias tributarias y la recaudación de contribuciones para financiar la protección social.
Estaba previsto que el citado marco jurídico de la pretendida futura República lo estableciera la ley 17/2017 de uno de agosto, del Código Tributario, que debía contener cuatro leyes, según la agenda Moleskine intervenida a otro de los hombres de confianza de Junqueras, Josep María Jové Lladó. Dos de ellas debían agotar la vía autonómica y las otras dos ya quedarían fuera de ella, es decir, ya serían leyes de desconexión. Por ello, Carlos Viver, el que se considera como uno de los artífices de la arquitectura jurídica de la futura República, explicó que sería un reto aprobar esta ley ya que era claramente inconstitucional.
La Guardia Civil expliaca que, sin embargo, la Ley 17/2017 de 1 de agosto se ciñó al marco autonómico pues no contenía la regulación de las aduanas del futuro Estado, ni la Agencia de Propiedad Inmobiliaria, ni tampoco la oficina catalana de Fiscalidad Internacional, que eran los órganos que sabían que podían ser declarados inconstitucionales. No obstante, los investigadores dejan claro que la Generalitat estaba trabajando en el desarrollo de estos organismos.
Además de otros 500 millones, se estimaba un incremento de la plantilla en alrededor de 7.000 personas
Según el análisis de la documentación incautada a Salvadó, el Instituto Armado considera "evidente" que los responsables de la Generalitat estaban planificando las actividades necesarias para la desconexión y ya habían calculado que el despliegue de la Administración Tributaria exigiría 499.869.73 euros, es decir, casi 500 millones de euros, así como el incremento de la plantilla en alrededor de 7.000 personas. No obstante, en esta cantidad no se incluye el coste que habría sido necesario para desplegar las aduanas o la agencia de la propiedad inmobiliaria.
Esta documentación intervenida a uno de los hombres de confianza de Junqueras también contenía los planes para crear la Oficina de Fiscalidad Internacional, "aún sabiendo" que no disponen de competencias para ello. Esta previsión, incluía la preparación de un convenio internacional para evitar la doble imposición con España, utilizando para ello el modelo de la OCDE y partiendo de la hipótesis de garantizar las ventajas de aplicar las directivas comunitarias.
De la investigación se extrae como conclusión que Departamento de vicepresidencia y la secretaría de Hacienda que se incluye en el mismo han estado trabajando en la "desconexión", tal y como se reconoce abiertamente en el documento analizado. En concreto, recalca la Guardia Civil, lo han estado haciendo hasta "agotar" lo que se denomina vía autonómica para lo que han valorado los activos inmobiliarios de España en Cataluña, con la finalidad de incorporarlos al patrimonio de la Generalitat.
Además, habían aprobado el desarrollo normativo cuyo marco lo establecía la ley del Código Tributario de Cataluña del 1 de agosto de 2017 y habían diseñado la estructura organizativa de la futura administración tributaria.
El informe policial señala en este sentido que, en base a lo anterior y a las cifras que se manejan en el documento de Salvadó, se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar, "se han dispuesto efectivamente", ya que habían activado la Junta de Tributors, el Consejo Fiscal, el Instituto de Investigación Fiscal y habían incrementado la plantilla hasta 700 personas, mejorado el sistema Gaudí y activado el sistema e-Spriu. Afirman, además, que aunque estos elementos se activaron en la vía autonómica "se consideraban necesarios para la administración tributaria del futuro estado catalán".
El propio Quim Torra, cuando aún no era el presidente de la Generalitat, reconoció en la presentación de su libro Los últimos 100 metros, que se estaban creando "a escondidas", "por debajo de la mesa", de las estructuras de Estado necesarias para realizar la desconexión de Cataluña del Estado español.
