El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, estima que el Gobierno de Carles Puigdemont desvió al menos ocho millones de euros de fondos públicos al intento de conseguir la independencia de Cataluña que concluyó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La demanda elevada al tribunal que ha confirmado el Ministerio Público acusa del desfalco a 17 altos cargos del Gobierno de Puigdemont, entre ellos el exvicepresidente Orio Junqueras, situando al expresident como responsable principal del desvío de fondos.
La suma de ocho millones, se expone, podría aumentar a falta de contabilizar otro tipo de gastos que podrían derivarse del desvío a través de las embajadas de la Generalitat en el exterior.
Justo ayer, Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución pedían al Tribunal de Cuentas que reclamara cerca de dos millones de euros al Govern de Puigdemont por los gastos del 1-O y otros 87 millones por el coste de enviar a la policía a impedirlo por los gastos del "desplazamiento, manutención y estancia" de los guardias civiles y policías destinados a Cataluña para impedir la votación.
En un escrito que recogió Efe, ambas entidades piden al Tribunal de Cuentas que abra un procedimiento para que Puigdemont y sus exconsellers devuelvan el dinero destinado al referéndum, un gasto que consideran "ilícito" dado que el 1-O había sido anulado por el Tribunal Constitucional.
Hace poco más de un mes, el Tribunal de Cuentas condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver los casi cinco millones de euros gastados en la consulta soberanista del 9N, en un proceso que también impulsaron SCC y Abogados Catalanes por la Constitución.
En mayo de este año, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro reveló que su departamento había remitido cinco escritos al Tribunal de Cuentas para denunciar presuntas irregularidades en pagos relacionados con el referéndum del 1-O, suspendido por el Constitucional.
