La Fiscalía del Tribunal Supremo ha defendido este martes que sea el Alto Tribunal el que juzgue la causa relativa al procés toda vez que, previamente, las defensas de los 18 acusados en el caso han alegado que los hechos que se imputan a los políticos catalanes como constitutivos de rebelión ocurrieron en Cataluña y que por tanto la competencia para juzgarlos corresponde al Tribunal Superior de Justicia en Cataluña (TSJC). Ambas posturas se han confrontado en la vista del artículo de previo pronunciamiento, un trámite similr a las cuestiones previas que sirve de 'prólogo' al juicio que comenzará previsiblemente en enero.
La vista pública de hoy, que ha comenzado pasadas las 10:00 horas de la mañana, supone una primera toma de contacto de cara al juicio. El asunto fundamental que se dirime en esta sesión y que decidirá el tribunal en los próximos días es su propia competencia para juzgar los hechos relativos al procés y su desembocadura en el 1 de Octubre.
Ha sido en este contexto en el que los abogados de los procesados han acusado hoy al Ministerio Público de hacer una "confección artificial" y "un relato de ideología" de lo ocurrido con el 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 2017 para forzar un juicio en Madrid. Ha sido éste el argumento principal de las defensas durante el trámite de cuestiones formales celebrado durante una vista en la que no han estado presentes los encausados, para los que se piden penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos, informa Europa Press. Al término de la vista, las defensas se han mostrado pesimistas con la resolución final del tribunal.
Es la primera vez que ha podido verse conformada la Sala, que integran Manuel Marchena como presidente y los magistrados Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.
A un lado del tribunal se han situado los cuatro representantes de la Fiscalía -Jaime Moreno, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza-, la abogada del Estado Rosa María Seoane -recién incorporada a la causa tras la sustitución de Edmundo Bal-, los letrados de Vox -que ejerce la acusación popular- y los abogados de los 18 acusados. La expectación ha sido tal que solo para este asunto previo se han acreditado hasta 70 medios de comunicación y 226 periodistas.
El alegato de la Fiscalía
Por parte del Ministerio Público, el fiscal Jaime Moreno ha defendido la competencia del Supremo para enjuiciar el procés porque la "diana", "el corazón del ataque" de los encausados en este procedimiento, fue el orden constitucional y democrático, y sus resultados afectaron a todo el territorio nacional.
Moreno, acompañado de Consuelo Madrigal, ha dicho que el procés supuso un "atentado grave al interés general de España" en el que se intentó derogar la Constitución y proclamar la independencia de Cataluña, lo que obligó al Estado a intervenir aplicando el artículo 155 de la Carta Magna.
"El Estado constitucional y democrático y su corazón, el Tribunal Constitucional, estaban en la diana, en el corazón de ese ataque en tanto que deroga la ley máxima, la Constitución, y ello no afecta solo al territorio de la comunidad, su resultado afecta a todo el territorio nacional", ha defendido también el fiscal.
El fiscal también ha dicho que las acciones en el extranjero -como el impulso del voto para el 1-O en el exterior o la intervención de un 'lobby' estadounidense- no fueron aisladas y "era absolutamente necesario" internacionalizar el conflicto.
Considera por tanto que sería "erróneo" considerar las acciones fuera de la Comunidad o en el extranjero que se han introducido en su escrito de acusación como tangenciales, "porque hablamos de una estrategia, si alguna de estas acciones se hubieran parado no estaríamos ante un determinado delito, y deben ser considerados en su conjunto".
Si bien Moreno ha reconocido que actividades como la Diplocat y otras que se desarrollaron fuera de España para promover el referéndum ilegal no constituyeron actos violentos en sí mismos, ha defendido que "en un delito de rebelión no todos los actos tienen que ser violentos".
El alegato de las defensas
El abogado Jordi Pina, que defiende al expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y a los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull, ha subrayado que los hechos que se pretenden juzgar en el Supremo se concentran en el 20 de septiembre del pasado año -la concentración multitudinaria frente a la Consejería de Economía- y la celebración del referéndum del 1 de Octubre, ambos ocurridos exclusivamente en Cataluña.
El letrado ha reconocido que el escrito de la Fiscalía habla de que la preparación del referéndum requería acciones que se celebraron fuera del territorio catalán, como fueron la actividad del Diplocat, la creación de un registro de votantes en el exterior, la gestión de locales para votar fuera, la intervención de un 'lobby' estadounidense, y la creación páginas web alojadas en otros países, así como la participación observadores internacionales.
No obstante, Pina ha subrayado que ninguna de dichas actividades conforman los elementos típicos de la rebelión -un alzamiento violento o tumultuario- sino que son simples actos preparatorios que no pueden integrarse en este tipo delictivo.
"Lo lógico es que nos centráramos en los delitos que tienen pena mayor, como el de rebelión, y si no integran estos hechos el tipo, la competencia no puede ser del Tribunal Supremo", ha afirmado Pina, que ha extendido esta mismas carencias al delito de malversación que se atribuye a sus defendidos.
En este segundo caso, ha puesto de manifiesto que no hay en los escritos de acusación "la más mínima referencia" a que los acusados hayan participado en ninguno de los hechos relativos al Diplocat o a los registros en el exterior, que se atribuyen además a otras personas que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
El 9N se juzgó en Cataluña
En el escrito, los acusados no aparecen tampoco ni como inductores ni autores de comisión por omisión de esa malversación, ha apuntado Pina, que ha incidido que en todo caso los acuerdos para realizar dichos trabajos también se adoptaron dentro del territorio de Cataluña".
También ha comparado esta causa con el juicio por la consulta del 9N que se celebró en el TSJC, donde se aportaron como prueba fotografías de votos en el exterior "y allí a nadie se le ocurrió que la competencia fuera del Supremo".
Con estos argumentos ha coincidido Van Den Eynde, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, quien en un discurso algo más abstracto que el de Pina ha manifestado que el acto que se ha celebrado este miércoles "es una vista sobre un modelo de crisis" y ha incidido en que la mayor parte de la Instrucción en el Supremo ha consistido en un volcado de la realizada por el Juzgado número 13. "El proceso no ha seguido las reglas del proceso debido", ha dicho.
"Se ha producido una confección artificial del procedimiento que tiene que ver con derechos fundamentales", ha indicado Van Den Eynde, ya que la consecuencia es que los acusados ven vulnerados su derecho a una doble instancia, pues la condena en el Supremo no podrá ser revisada en una instancia superior. "No se recoge ningún hecho extraterritorial, no se ha investigado ningún acto internacional", ha subrayado.
Van den Eynde también ha afirmado que la idea de que la causa del procés afecta "a todo el mundo" -como argumenta la Fiscalía para defender que se juzgue en el Supremo- no es sino un "argumento sentimental", y ha añadido: "Todo es un relato de ideología". También ha dicho que "las reglas del juego se tienen que respetar" y eso implica respetar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que recoge la competencia para enjuiciar los hechos, recoge EFE.
Por otro lado, Pina ha anunciado que solicitará que el juicio, de celebrarse finalmente en el Supremo, permita a los acusados expresarse en catalán y que para ello solicitará que se facilite "traducción simultánea, no consecutiva" durante la celebración del juicio.
Abogacía del Estado y Vox
La abogada del Estado, Lucía Pedreño -que sustituye a Edmundo Bal, relevado por el Gobierno por sus diferencias de criterio en los delitos de los que acusa esta parte- ha defendido igual que la Fiscalía la competencia del Supremo para juzgar el procés porque, en su opinión, no se puede negar que hubo "actos de internacionalización".
De hecho, Pedreño ha recordado que las defensas de los acusados no lo han negado en sus intervenciones, aunque han dicho que son "irrelevantes". "Otra cosa", ha añadido, será la "importancia" que se otorgue a estos elementos en la sentencia, pero ha insistido que el proceso independentista los utilizó.
Asimismo, ha desdeñado el argumento de las defensas acerca de que otras comunidades autónomas disponen de censos de ciudadanos que residen en el exterior: "Será así, pero lo que no han hecho es utilizarlos para la comisión de delitos y fines ya declarados ilegales por el Tribunal Constitucional".
La Abogacía del Estado se desmarcó de los criterios de la Fiscalía y solicita penas por un delito de sedición que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público para los principales encausados, mientras que Vox sí ve rebelión y reclama condenas de cárcel que se elevan hasta los 74 años en el caso de Junqueras.
El último en intervenir en esta vista del artículo de previo pronunciamiento ha sido Pedro Fernández, abogado de Vox, que ejerce la acusación popular, quien se ha adherido a todos los argumentos expuestos por el fiscal, aunque también ha querido defender la competencia del Supremo porque el bien jurídico atacado en el caso del procés tiene "trascendencia para todo el conjunto de la sociedad" española, ya que son "la Constitución y la unidad territorial".
La vista llega con un posible traslado de los presos en huelga de hambre a Madrid para el juicio
La vista se ha celebrado mientras está en el aire un posible adelanto del traslado a Madrid, desde la cárcel de Llenoders (Barcelona), de los cuatro que cumplen prisión preventiva y que iniciaron el pasado 2 de diciembre una huelga de hambre: Sànchez y los exconsellers Joaquim Forn, Rull y Turull.
Fuentes judiciales han señalado que aún no se ha adoptado ninguna decisión relativa a este asunto, que en todo caso corresponde al tribunal al tratarse de presos preventivos. Los magistrados deben garantizar que llegan al juicio en buenas condiciones tanto físicas como mentales.
En prisión preventiva se encuentran, además de los cuatro en huelga de hambre, Junqueras, Romeva, Bassa, el presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, respectivamente, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. No se espera su presencia en la sala, junto con el resto de acusados, hasta el inicio de la fase de interrogatorios del juicio oral que se prevé que comience entrado el mes de enero.
La vista ha llegado también tras rechazarse las recusaciones presentadas contra Marchena, después de conocerse su nombre como candidato a presidir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el mensaje del senador 'popular' Ignacio Cosidó en el que presumía de que con este nombramiento se controlaría la Sala Segunda "desde detrás", y por extensión al resto de magistrados, recurriendo a la denominada 'doctrina Otegi' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
