Barcelona | Madrid
La advertencia lanzada el lunes por el Gobierno central al Ejecutivo catalán por su "dejación de funciones" a raíz de la permisividad de los Mossos d'Esquadra ante las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) han surtido efecto en el Palau de la Generalitat.
Tras la reunión ayer del Consejo Ejecutivo del Govern, la portavoz autonómica Elsa Artadi reclamó al presidente Pedro Sánchez que vuelva al camino del "diálogo y la negociación" y aparque cualquier posibilidad de volver a intervenir el autogobierno a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, algo que ya apuntó la representante del comité electoral del PSOE, Esther Peña, y que han reclamado insistentemente los líderes del PP, Pablo Casado, y Cs, Albert Rivera.
Progresivo alejamiento
En este sentido, Artadi reclamó al Gobierno que "no se deje llevar por los discursos del presidente del PP" y pidió volver a la casilla de salida de la legislatura, cuando Sánchez propuso dar una solución política al conflicto catalán. Desde entonces, y tras una primera fase de deshielo, ambos Ejecutivos han alejado sus posiciones, especialmente por la negativa de ERC y PDeCat a apoyar los Presupuestos Generales del Estado pactados por el Gobierno y Unidos Podemos y tras la confirmación de las acusaciones de rebelión por parte de la Fiscalía contra los líderes soberanistas procesados por su implicación en el 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia, en un juicio que tendrá su vista de cuestiones previas el próximo 18 de diciembre en el Tribunal Supremo. Con todo, la portavoz del Govern indicó que espera que el debate de hoy en el Congreso de los Diputados sobre Cataluña sirva para ver qué "aproximación" tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre este tema, y confía en que haya propuestas concretas para desencallar la situación.
En este contexto, Artadi también defendió ayer la actuación de los Mossos durante el pasado fin de semana ante los cortes de carretera y los levantamientos de peajes protagonizados por los CDR. Asimismo, la portavoz lamentó la falta de "lealtad institucional" del Gobierno, que debería haber convocado la Comisión Mixta de Seguridad y no mandar cartas a tres Conselleries de la Generalitat pidiendo explicaciones sobre los hechos. Igualmente, la portavoz recordó que también el Ejecutivo central declinó actuar policialmente ante otras protestas, como la huelga del taxi o el bloqueo reciente de la frontera con Francia por las protestas de los chalecos amarillos. A pesar de estas explicaciones, la Fiscalía abrió ayer diligencias para investigar la actuación de la policía autonómica ante las protestas de los CDR.
Independentismo de Madrid
Ayer, desde Madrid, los partidos independentistas con representación en el Congreso de los Diputados, PDeCAT y ERC, pidieron "prudencia" e incluso evitar que el Consejo de Ministros del 21 de diciembre no se celebre en Barcelona para "no forzar la situación" desencadenada por los CDR, afirmó el diputado Ferrán Bel. Joan Tardá, por su parte, llegó incluso a tender la mano a Sánchez para reconducir el diálogo entre los dos Ejecutivos, no sin antes tildar de "locura, ruido y demagogia" la respuesta que Moncloa ha enviado al Govern por la actuación de los Mossos.
A la espera a la respuesta a las tres cartas enviadas al Govern por Moncloan, la vicepresidenta, Carmen Calvo, volvió a insistir en la celebración "con total normalidad" del Consejo en Barcelona, al tiempo que aclaró que su equipo no tiene el 155 sobre la mesa. No obstante, Interior ya ha previsto mandar ocho grupos antidisturbios, con 400 policías, para redoblar la vigilancia ese día y los días previos al Consejo.
A la situación de Cataluña se refirió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordando que su departamento mantiene un "control reforzado" de las cuentas de la Generalitat, siguiendo los principios que dejó instaurado Cristóbal Montoro tras el 155. Por otro lado, Vox presentó ayer una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente, Quim Torra.
