El abogado Pablo Jiménez de Parga ha cuestionado hoy que Anticorrupción "poco tiene" para incriminar al presidente de la Junta Manuel Chaves en el caso ERE "si todos lo indicios que el fiscal ha sido capaz de encontrar" son "cartas y faxes" instando a buscar solución a crisis empresariales.
La defensa Chaves, acusado de prevaricación y para el que la Fiscalía y el PP-A piden 10 años de inhabilitación, ha leído hoy su informe final, en el que ha alegado que "evidentemente" quien fue presidente andaluz durante 19 años conocía la política de ayudas sociolaborales y las grandes crisis empresariales pero, como él declaró, no cómo se articulaban las soluciones a esos conflictos.
Ha incidido en que las ayudas que del 2000 al 2010 dio la Consejería de Empleo no suponían una política "opaca" pues aparecían en los Acuerdos de Concertación Social de Andalucía suscritos con los sindicatos y la patronal, de los que dimanaron planes económicos que aprobó el Parlamento.
Pese a que en una década se repartieron 850 millones, el abogado de Chaves ha subrayado que "no parece lógico que el presidente de la Junta se dedique a entrar en detalles de un programa que suponía de media el 0,32 % del Presupuesto de su gobierno".
Para el letrado, que ha pedido la libre absolución de Chaves, una de las principales controversias legales de este juicio, el uso de las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo enviaba a la agencia pública IDEA para pagar las ayudas, supone como mucho una "antinomia" o contradicción entre leyes.
En concreto, entre la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2002 que indica que sólo podían destinarse a equilibrar pérdidas del ente y las sucesivas leyes de presupuesto que fijaban que se destinarán a pagar las ayudas de los ERE.
Según Jiménez de Parga, el Constitucional ya ha resuelto que la especifidad de la Ley de Presupuestos prima sobre el principio general de otras leyes y las leyes de acompañamiento han sido tradicionalmente cuestionadas por invadir la competencia del Ejecutivo de elaborar los proyectos de Presupuesto.
En este punto se ha adherido a la petición planteada por la defensa del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías de anular la prueba pericial practicada durante mes y medio, al calificar de "seudoperitos" a los interventores estatales "elegidos a dedo" desde la instrucción y que han analizado argumentos jurídicos sin ser "maestros en derecho".
Sobre el conocimiento que pudo tener su cliente de las irregularidades advertidas por la Intervención de la Junta, el letrado considera que "ninguna prueba" ha desvirtuado el testimonio de Chaves en el juicio de que "nadie le advirtió" de ilegalidad alguna, al no haber elevado el interventor el informe de actuación que hubiera exigido al consejero de Hacienda elevarlo al Consejo de Gobierno.
"No hay un sólo indicio incriminatorio contra el señor Chaves"
Para Jiménez de Parga, "todos los indicios" contra Chaves que ha sido capaz de esgrimir la Fiscalía tras "bucear en docenas de archivos" son cartas y faxes remitidas a él por colectivos de trabajadores o emitidos por su gabinete a la Consejería de Empleo instando de forma general a buscar solución a los conflictos.
Ha citado testimonios de extrabajadores que se reunieron con Chaves como los de la factoría de Lucena Bilore que declararon que esas reuniones eran políticas y no se concretaba nada. "No hay un sólo indicio incriminatorio contra el señor Chaves", ha alegado su abogado y en lo relativo a su conducta ha señalado:"nos encontramos ante una situación de absoluta irrelevancia penal",
Para que haya prevaricación han de dictarse actos administrativos arbitrarios y a sabiendas de su injusticia y según su abogado a Chaves se le acusa por aprobar los Anteproyectos de Ley de Presupuestos en el Consejo de Gobierno, que son "actos políticos sin validez jurídica" hasta su aprobación por el Parlamento.
En cuanto a las modificiaciones presupuestarias que aprobaba el Consejo de Gobierno presidido por él eran cambios en créditos de los Presupuestos, y por tanto, modificaciones de una ley por parte de un Gobierno que no están sometidas a control judicial sino de constitucionalidad y, en este caso, llevaban todos los informes preceptivos, incluido el del interventor.
También rechaza que se pueda acusar a Chaves de prevaricar por omisión al no haber adoptado medidas para poner fin al sistema, ya que todas las propuestas de mejora del control de las empresas públicos como IDEA que hizo el interventor se aprobaron.
