La vicepresidenta y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha afirmado este lunes 29 de octubre en el Vaticano que el Gobierno modificará el Código Penal para conseguir que los abusos sexuales a menores sean "imprescriptibles".
El borrador de la futura Ley de Violencia contra la Infancia, que realizaron expertos y ONGs, proponía que el plazo de prescripción de estos delitos comenzara a contar a partir de que la víctima cumpliese 50 años.
Fuentes de los Ministerios de Justicia y Vicepresidencia consultadas no han precisado si la medida trasladada este lunes por el Gobierno al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se refiere a esta posibilidad o va más allá de la propuesta de los expertos y las ONGs.
Por su parte, fuentes conocedoras del borrador que trabajan estos ministerios, señalan que sobre la mesa se ha barajado la posibilidad de que estos delitos prescriban a partir de que la víctima cumpla 30 años frente a los 50 propuestos por las ONG.
El anuncio del Gobierno se ha realizado en el marco de una reunión entre la vicepresidenta y el Vaticano
Aunque no es literalmente convertir en imprescriptibles estos delitos, algo que podría contravenir el principio de reinserción contemplado en el derecho penal, las mismas fuentes consideran que elevar a estas edades el inicio del plazo de prescripción, permitiría en la práctica que ninguno de estos delitos quedase impune.
El anuncio del Gobierno se ha realizado en el marco de una reunión entre la vicepresidenta y Parolin, en la que, según Vicepresidencia, la Iglesia ha trasladado su "preocupación, compartida por el Gobierno, por dar justicia a las víctimas de abusos y prevenir estos hechos en el futuro".
En este sentido, el Gobierno ha informado a la Santa Sede de "las modificaciones en el Código Penal para conseguir que estos delitos sean imprescriptibles", según el comunicado difundido por el Ministerio de Presidencia.
Hace dos semanas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) anunció la creación de una Comisión que actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia española para responder a los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico y además, se comprometió a responder "a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia".
Además, la comisión, presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la Conferencia Episcopal para la prevención y protección de abusos sexuales a menores, que sustituirá a los protocolos actuales y se adecuará de manera más perfecta al 'Modelo de Directivas' redactado por la Comisión del Vaticano para la Protección de Menores, para responder a los abusos en la Iglesia.
Precisión posterior
No obstante, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha precisado que la reforma del Código Penal sobre la prescripción de los abusos sexuales a menores aún no está "cerrada" y que "se está trabajando en ello".
Así lo ha puntualizado después del anuncio de Calvo. Fuentes del Ministerio de Presidencia ha matizado que el cambio legal sobre la prescripción de estos delitos, que se llevaría a cabo a través de la Ley de Violencia contra la Infancia, como ya estaba previsto, "no está cerrado todavía", y por el momento no pueden precisar más. Tampoco han precisado más extremos de esta modificación desde el Ministerio de Justicia también consultado.
En un borrador de esta Ley de Violencia contra la Infancia, elaborado por expertos y ONGs, que ya venían trabajando desde hace más de un año con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, se proponía que el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a un menor -que puede oscilar entre cinco y 15 años, dependiendo de la gravedad del mismo- no comience a contar hasta que la víctima cumpla 50 años. Actualmente, se cuenta a partir de los 18 años.
Al llegar al Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez retomo estos trabajos para llevar a término en esta legislatura la Ley de Violencia contra la Infancia. Fuentes conocedoras del borrador que trabajan en este momento los ministerios de Justicia y Sanidad, señalan que sobre la mesa se ha barajado la posibilidad de que estos delitos prescriban a partir de que la víctima cumpla 30 años frente a los 50 propuestos por las ONG.
